Operativo de Desalojo dejó un demorado tras la liberación del predio ocupado

En el marco de la Orden Operacional N° 25/26, este jueves a las 8:30 se puso en marcha un operativo policial destinado a cumplir una diligencia judicial de desalojo en un inmueble ubicado en calle Cerro Incayal N° 455, del barrio El Once.

Del procedimiento participaron efectivos del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de Junín de los Andes, personal de la División Bomberos Chapelco, de la Unidad de Intervención Rápida de Villa Traful, de la Comisaría 28ª y de distintas dependencias policiales afectadas al servicio.

Una vez constituidos en el lugar y con la presencia del oficial público interviniente, los ocupantes fueron notificados e invitados a retirarse voluntariamente del inmueble. Según informó la Policía, los moradores accedieron a la medida judicial, retirando sus pertenencias personales y demás efectos existentes en la vivienda.

Sin embargo, una vez finalizada la desocupación y ya en la vía pública, uno de los ciudadanos desalojados habría adoptado una actitud agresiva hacia el personal policial. Ante esta situación, se dispuso su demora preventiva, siendo la única persona demorada durante el desarrollo del operativo.

De inmediato tomó intervención el Ministerio Público Fiscal, que dispuso la instrucción de actuaciones por los presuntos delitos de atentado y resistencia a la autoridad, además de amenazas.

Mientras tanto, los legítimos poseedores del inmueble comenzaron a tomar posesión efectiva del terreno y a realizar las tareas de mudanza correspondientes.

El operativo contó además con la presencia preventiva de personal de Acción Social, agentes municipales de Zoonosis y una ambulancia local, que permanecieron afectados durante toda la diligencia.

La información fue suministrada por el comisario inspector Miguel Poblete, a cargo accidental de la Dirección Lagos del Sur.

Un conflicto judicial que se remonta a 2010

Fuentes judiciales indicaron que el expediente se inició en 2010 y atravesó una extensa tramitación judicial. Tras completarse la etapa recursiva, que concluyó en 2018, la ejecución de la sentencia permaneció suspendida durante varios años debido a la existencia de una causa conexa.

La sentencia de primera instancia, dictada en 2016, había rechazado la demanda. Sin embargo, posteriormente la Cámara de Apelaciones revocó parcialmente ese fallo y ordenó el desalojo de varios ocupantes que habían construido viviendas dentro del predio en disputa.

La resolución quedó firme en 2018, aunque la etapa de ejecución del desalojo recién pudo ponerse en marcha en agosto de 2025.