Macrolote 5: Murer pidió investigar posibles responsabilidades por el canje de tierras

El intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, solicitó a la Asesoría Legal municipal que determine las eventuales responsabilidades administrativas, patrimoniales y funcionales vinculadas al canje de tierras que permitió incorporar el Macrolote 5 al patrimonio municipal.

El pedido también apunta a establecer las consecuencias jurídicas y económicas de la operación y definir qué medidas podrían corresponder.

La solicitud, dirigida a la asesora legal Ana Olgiatti y registrada en los expedientes N.º 278-SG-2026 y 304-I-2026, plantea la necesidad de revisar tanto el acuerdo original como las actuaciones posteriores relacionadas con la preadjudicación de parcelas destinadas a viviendas sociales.

La decisión se produce después de que un informe oficial publicado por diarioandino en noviembre del 2023 advirtiera que aproximadamente el 70% del Macrolote 5 no resulta apto para el desarrollo urbano tradicional. Ese diagnóstico puso en cuestión uno de los fundamentos centrales del intercambio de terrenos realizado en 2014: que los inmuebles recibidos por el Municipio eran más adecuados para desarrollar urbanizaciones y loteos sociales.

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Murer pidió determinar las responsabilidades por el canje de tierras

En la nota enviada a la Asesoría Legal, el jefe comunal solicitó un dictamen técnico-jurídico sobre el proceso de incorporación del Macrolote 5 al patrimonio municipal.

La operación se concretó mediante el Convenio de Permuta autorizado por la Ordenanza N.º 2830/14 y promulgado por el Decreto N.º 302/14. Como parte del acuerdo, el Municipio entregó tierras fiscales, entre ellas fracciones de la Reserva Municipal del Parque Industrial y de la Reserva Matadero, a cambio de otros inmuebles que se consideraban más aptos para la urbanización.

Sin embargo, las condiciones geológicas identificadas en el terreno recibido abrieron interrogantes sobre los fundamentos de aquella decisión y sobre la viabilidad de los proyectos habitacionales previstos.

Frente a ese escenario, Murer pidió analizar la actuación de los funcionarios que intervinieron, avalaron o suscribieron la permuta, así como la de quienes participaron en los actos administrativos posteriores vinculados con la preadjudicación de parcelas.

El planteo no se limita a revisar las decisiones de 2014. También busca establecer qué consecuencias pueden derivarse de los compromisos asumidos por el Estado municipal con las familias que esperaban acceder a un lote social.

Los tres puntos que deberá resolver el dictamen jurídico

El requerimiento del intendente establece tres líneas de análisis para la Asesoría Legal.

1. Determinar posibles responsabilidades de los funcionarios

Murer solicitó evaluar las eventuales responsabilidades administrativas, patrimoniales y funcionales de quienes participaron en la permuta y en las decisiones posteriores relacionadas con la preadjudicación de terrenos.

La revisión deberá considerar los antecedentes del expediente, los fundamentos que respaldaron el intercambio y la información técnica disponible al momento de adoptar las decisiones.

2. Establecer el impacto patrimonial y jurídico para el Municipio

El segundo punto consiste en determinar la eventual exposición patrimonial del Estado municipal y las contingencias jurídicas derivadas de las obligaciones asumidas con las familias preadjudicatarias.

Esto implica analizar tanto el valor y las condiciones de las tierras entregadas como las posibilidades de cumplir los compromisos habitacionales vinculados con el predio.

3. Definir qué medidas legales e institucionales corresponden

Finalmente, el intendente pidió que la Asesoría Legal indique los cursos de acción que podrían adoptarse, incluidas, si resultaran procedentes, investigaciones administrativas o la intervención de los organismos de control competentes.

En el documento, Murer señaló que el propósito es “esclarecer los antecedentes de la operación, delimitar eventuales responsabilidades y resguardar adecuadamente los intereses del Estado Municipal”.

El dictamen será clave para determinar si corresponde avanzar con nuevas actuaciones. Por el momento, el pedido del Ejecutivo no establece responsabilidades ni constituye una imputación contra los funcionarios que intervinieron en el acuerdo.

El informe geológico que puso en cuestión el destino del Macrolote 5

Uno de los antecedentes centrales de la revisión es el Boletín N.º 01/2023 de Peligrosidad Geológica de la Dirección Provincial de Minería.

Ese documento determinó que aproximadamente el 70% del Macrolote 5 no resulta apto para el desarrollo urbano tradicional. Entre los riesgos identificados figuran los abanicos aluviales activos, los flujos de detritos, los anegamientos, el afloramiento del nivel freático y las surgencias de agua.

El informe también menciona antecedentes técnicos que ya advertían sobre las condiciones geológicas del sector.

El diagnóstico adquiere relevancia porque el intercambio de 2014 se había fundamentado en la necesidad de incorporar tierras más aptas para urbanizaciones y loteos sociales. La diferencia entre aquella justificación y las condiciones identificadas posteriormente constituye uno de los puntos que el Municipio busca esclarecer.

La evaluación deberá determinar qué advertencias existían antes de concretarse la permuta, qué información fue considerada por los responsables de la decisión y si corresponde revisar las actuaciones administrativas que derivaron en la incorporación del predio.

Las familias preadjudicatarias, otro eje de la revisión

La situación del Macrolote 5 también plantea interrogantes sobre los compromisos asumidos con las familias que esperaban acceder a terrenos para construir sus viviendas.

En su solicitud, Murer pidió expresamente analizar las contingencias jurídicas que enfrenta el Municipio por las obligaciones contraídas con los preadjudicatarios.

La dificultad para urbanizar una parte significativa del predio obliga a evaluar las alternativas disponibles y las consecuencias que podría tener la situación sobre los proyectos habitacionales previstos.

El dictamen deberá aportar elementos para determinar qué medidas legales e institucionales corresponden, sin perder de vista los derechos y las expectativas de las familias involucradas.

El reclamo de Primero Angostura, como antecedente del pedido

La decisión del Ejecutivo se conoce en medio de los cuestionamientos públicos por el canje de tierras. La agrupación Primero Angostura había reclamado que se investigara a los responsables de impulsar y avalar la operación, al sostener que el Municipio había entregado terrenos de valor urbano a cambio de una superficie con importantes restricciones para la construcción.

El espacio señaló al exintendente Roberto Cacault, al exviceintendente Guillermo Caruso y a los exconcejales que aprobaron la ordenanza de la permuta.

“Está confirmado por un estudio oficial que el 70% del macro 5 no es urbanizable. Algo que se supo desde el principio. Primero Angostura y muchos otros actores de la comunidad lo advertimos tantas veces”, manifestaron desde la agrupación.

También afirmaron que el intercambio había perjudicado los intereses de la localidad y reclamaron que se investigaran las decisiones que llevaron adelante la operación.

Ese planteo constituye el contexto político en el que se inscribe el pedido de Murer. El eje de la medida del Ejecutivo, sin embargo, está puesto en obtener una evaluación jurídica formal que permita establecer si existieron responsabilidades, cuantificar las posibles consecuencias patrimoniales y determinar los pasos institucionales a seguir.

Por ahora, la definición queda sujeta al análisis de la Asesoría Legal, que deberá evaluar los antecedentes de la permuta de 2014 y las actuaciones posteriores antes de indicar si corresponde avanzar con investigaciones o medidas adicionales.