Rechazan una prueba clave para los Mapuches de cara al juicio oral en el caso Salamida
En una audiencia realizada ayer por la mañana, presidida por el juez Maximiliano Bagnat desde San Martín de los Andes, las partes involucradas en el caso Salamida volvieron a reunirse para debatir las pruebas que se utilizarán en el juicio oral.
Por el lado de la familia Salamida, que asegura ser la legítima propietaria de las tierras en disputa, las hermanas Raquel y Josefina Salamida, junto con el ingeniero Hugo Luis Farmetano, actuaron como parte querellante bajo el patrocinio del abogado Cristian Hugo Pettorosso. La Fiscalía estuvo representada por su titular, Adrián De Lillo, mientras que la defensa de los dos acusados, miembros de la comunidad indígena Paicil Antriao, fue encabezada por Virgilio Sánchez.
Durante la audiencia, que se llevó a cabo en una sala llena, el abogado Pettorosso se opuso a algunas de las pruebas que la defensa mapuche intentaba introducir para el juicio oral. Entre ellas, criticó duramente el uso de un plano de relevamiento territorial elaborado en abril de 2022, con el que la defensa pretendía demostrar la posesión de más de 21 hectáreas de tierras en disputa.
Según indicó el propio Pettorosso, “el fiscal De Lillo respaldó la postura de la querella y también se opuso a un pedido de nulidad presentado por el abogado Sánchez, quien intentaba invalidar parte de lo actuado hasta el momento. Esta decisión deja a la defensa indígena con menos pruebas de las que esperaba utilizar en el juicio”, dijo el abogado de la familia Salamida.
“La defensa ha perdido, por presentación extemporánea, la posibilidad de utilizar una prueba importante con la cual sostener su teoría del caso, además de haber desistido de un testigo clave, lo que debilita significativamente su posición para lo que resta del proceso”, explicó Pettorosso, tras escuchar al juez Bagnat rechazar las solicitudes de la defensa.
Con la etapa de control de acusación concluida y las pruebas que se presentarán en el juicio ya definidas, que incluyen videos y testimonios de las presuntas víctimas, la Oficina Judicial penal deberá organizar los detalles para la realización del juicio oral. Este proceso, que aún no tiene fecha, promete ser un punto crucial en la disputa por las tierras en la región