Juicio Político: el Ejecutivo detalló las acciones que tomó tras los hechos de violencia
El intendente de Villa La Angostura informó que el pasado 24 de enero, su gestión tomó medidas inmediatas ante un presunto hecho de maltrato institucional ocurrido en el Hogar de Mujeres, bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Humano.
La decisión incluyó la desvinculación de la funcionaria Graciela Lobos, la remisión del caso al Juzgado de Familia y a la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, y la apertura de sumarios administrativos internos.
El hecho que motivó la intervención
El 21 de enero de 2025, una situación registrada por las cámaras del área de Sistemas encendió las alarmas. En la grabación, se observaron acciones potencialmente comprometedoras en el trato hacia dos adolescentes residentes en el refugio.
Al ser informado el intendente, se reunió ese mismo día con la funcionaria implicada y solicitó su renuncia inmediata por pérdida de confianza y en resguardo de la transparencia institucional.
“Más allá de lo que determine la Justicia, se priorizó el interés superior del niño y la credibilidad del Ejecutivo”, expresaron desde el Municipio.
Acciones judiciales y administrativas
Al día siguiente, y a pesar de la feria judicial, el Municipio notificó por correo electrónico a los organismos competentes. Ese aviso formal derivó en la apertura del Legajo Nº 55076 en la Fiscalía de Villa La Angostura.
El 29 de enero, la Justicia solicitó las grabaciones, que fueron remitidas por la Dirección de Sistemas.
Simultáneamente, se inició un sumario administrativo a dos funcionarias: la directora de DINAF y la directora de Recursos Humanos, por presuntas omisiones e irregularidades en la gestión y comunicación del hecho. Se cuestiona especialmente el retraso de dos días en informar a la Intendencia y la supuesta vulneración de derechos al compartir imágenes sensibles sin la debida reserva.
Compromiso con los derechos de la niñez
El informe oficial, enviado también al Concejo Deliberante, sostiene que las decisiones adoptadas fueron tomadas conforme a derecho, y recalca el deber del Municipio de garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes.
“Nuestra obligación institucional es actuar con celeridad, responsabilidad y transparencia frente a hechos de esta naturaleza”, concluyó el intendente en su misiva.