Fiscalía pidió una pena de 7 años y medio de prisión para Ramiro Fernández: los argumentos del fiscal

Así lo solicitó en su alegato el fiscal Adrián De Lillo, quien señaló cinco modalidades delictivas del ex agente inmobiliario y un perjuicio patrimonial superior a los 1.200 millones de pesos.

Durante la audiencia de alegatos finales en el juicio por estafas inmobiliarias, el fiscal Adrián De Lillo solicitó una pena de 7 años y 6 meses de prisión efectiva para el ex agente inmobiliario Ramiro Fernández, sumando además las accesorias legales y costas del proceso.

Según el fiscal, el acusado fue el autor de una conducta delictiva sistemática, sostenida entre 2020 y 2023, y que incluyó al menos cinco modalidades de fraude con un perjuicio económico estimado en más de 1.225 millones de pesos.

Una estafa estructurada y prolongada

De Lillo detalló que las maniobras defraudatorias no fueron aisladas, sino que respondían a una planificación compleja y profesional, utilizando el prestigio de la inmobiliaria Lepore, de la cual Fernández era el rostro visible en la localidad.

“El acusado se valió de la legitimidad de una de las firmas más importantes del país, con sede en Villa La Angostura, que incluso tuvo que cerrar a raíz del escándalo”, afirmó el fiscal.

Las cinco maniobras delictivas identificadas

Según el alegato, las cinco maniobras diferenciadas incluyen:

Tres tipos de estafas inmobiliarias

Desbaratamiento de derechos acordados

Estafas financieras mediante promesas falsas de inversión y reventa

Estas operaciones se apoyaban en documentación apócrifa, unidades inexistentes (como el “lote 28”) y falsas promesas de rentabilidad. “Era un profesional de la estafa”, sentenció De Lillo.

El perfil del acusado: agravantes claves

El fiscal también enumeró agravantes relevantes:

Pluralidad de víctimas: al menos 39 personas fueron afectadas, varias de ellas en más de una ocasión.

Víctimas vulnerables: familias con bajos ingresos, embarazadas, personas mayores o en duelo.

Uso de su rol profesional para obtener confianza.

Desprecio por las víctimas: ignoró la situación emocional, social y económica de quienes lo rodeaban.

Persistencia delictiva durante tres años, lo que configuró una conducta “sistemática y peligrosa”.

Codicia desmedida como motor del accionar, sin explicación que justifique el daño.

Testimonios que conmovieron al tribunal

De Lillo recordó testimonios estremecedores, como el de M. E. S, quien tuvo cinco trabajos y entregó todos sus ahorros, o el de L. L. S., cuya esposa estaba embarazada cuando fue estafado.

Sin arrepentimiento genuino

Aunque Fernández declaró en la audiencia anterior, el fiscal fue contundente:
“El reconocimiento de culpabilidad no vino motivado por el arrepentimiento, sino por la contundencia de las pruebas reunidas”.

También criticó su aislamiento voluntario tras el estallido del caso, marcando un “corte total de comunicación” con las víctimas y la comunidad, contrario a la hiperactividad comercial que mantenía mientras cometía los delitos.