Primero Angostura asegura que hay serios incumplimientos en la aplicación de la "plusvalía urbana"

El debate por la plusvalía urbana volvió a escena en Villa La Angostura. Desde el espacio político Primero Angostura expresaron su malestar por el incumplimiento de los acuerdos alcanzados y señalaron la falta de voluntad del Ejecutivo municipal para aplicar de manera efectiva la ordenanza sancionada en diciembre de 2024.

Acuerdos incumplidos y discrecionalidad

La concejal María Eugenia Ceraso recordó que, hasta el momento, la captación de plusvalías se resolvió caso por caso, mediante convenios que “no siempre se cumplieron” y que en general representaron un beneficio escaso y discrecional para la comunidad.

“Cuando no se cuenta con un sistema permanente y equitativo, aparecen acuerdos como canjes o aportes puntuales. Eso no asegura que el beneficio vuelva a la comunidad con un verdadero potencial redistributivo”, subrayó la edil.

La ordenanza, en el cajón

Si bien la normativa ya está aprobada, desde Primero Angostura sostienen que el Ejecutivo no tiene la voluntad política de aplicarla.

“La plusvalía es una herramienta moderna, que nos permitiría financiar obras e infraestructura sin cargar más al vecino. El problema es que el Ejecutivo todavía no la pone en práctica, a pesar de estar sancionada. Eso demuestra falta de compromiso con un desarrollo urbano justo y sustentable”, cuestionó Ceraso.

Qué propone la ordenanza

El texto establece un marco claro para evitar discrecionalidad:

-Cobrar la plusvalía antes de aplicar nuevos indicadores urbanísticos,

-Calcularla en base al valor real de mercado de la tierra,

-Destinar los recursos a un fondo específico de infraestructura y servicios,

-Aplicar una fórmula única y transparente para todos los casos,

-Fijar valores de referencia en los convenios público–privados.

El reclamo de Primero Angostura

Desde el espacio vecinal advierten que sin la aplicación efectiva de la ordenanza, el crecimiento urbano seguirá beneficiando a unos pocos, mientras que la comunidad pierde la posibilidad de transformar parte de esa renta en obras y servicios esenciales.

“No queremos más acuerdos a medida ni compromisos que después no se cumplen. Exigimos que se ponga en marcha la ordenanza y que el Ejecutivo garantice reglas claras y equitativas para todos”, enfatizaron.