La Diócesis de Neuquén se solidariza con el pueblo Paichil Antriao y llama al respeto de sus derechos
Comunicado de Prensa de EDIPA
Neuquén En defensa de la Comunidad Mapuche Paichil Antriao La Iglesia en Neuquén manifiesta con profunda preocupación la situación de vulnerabilidad en la que continúa la Comunidad Mapuche Paichil Antriao, con personería jurídica reconocida desde 2007 (Resolución INAI N° 220), cuyo relevamiento territorial fue realizado en noviembre de 2015 en el marco de la Ley Nacional 26.160. Han pasado ya diez años sin que el Estado argentino dicte la resolución que reconozca formalmente la posesión constatada en dicho relevamiento.
Esta omisión agrava la situación de la comunidad, que sufre la presión de intereses privados y reclamos de supuestos propietarios que no reconocen la posesión indígena, pese a estar protegida por la Constitución Nacional (art. 75, inc. 17), el Convenio 169 de la OIT y las medidas de emergencia dictadas por la Ley 26.160.
La negligencia estatal en el cumplimiento de sus obligaciones coloca a la Comunidad Paichil Antriao en un escenario de permanente amenaza de desalojo y conflictividad, desconociendo no solo los derechos constitucionales sino también la dignidad de un pueblo que sostiene, de manera continua y pública, su relación con la tierra ancestral.
Como Iglesia, nos unimos a su reclamo y exhortamos a las autoridades nacionales y provinciales a dar cumplimiento efectivo a la legislación vigente, garantizando y preservando los derechos de posesión comunitaria, condición indispensable para la paz social y el respeto a la diversidad cultural.
En palabras del Papa Francisco: “Para los pueblos indígenas, la tierra no es un bien económico, sino un don de Dios y de los antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado con el que necesitan interactuar para mantener su identidad y sus valores.
Cuando permanecen en sus territorios, cuidan de ellos; pero cuando son expulsados, desaparece con ellos una parte de su cultura, de su identidad y de su existencia misma” (Laudato Si’, n. 146). Hacemos un llamado pastoral y solidario: el Estado tiene la obligación moral y jurídica de proteger la vida y la permanencia de los pueblos indígenas en sus territorios.
Negar o dilatar este reconocimiento es perpetuar la injusticia histórica y abrir nuevas heridas en la convivencia social.
Zapala, 06 octubre de 2025
Pbro. Martín Gottle
Delegado Diocesano
Germán Zuñiga
Delegado Diocesano Coordinador de la Region Sur de ENDEPA