“Cuando no tienen datos, atacan al mensajero”: crece la tensión por el Presupuesto 2026

El debate por el Presupuesto 2026 en Villa La Angostura sumó un nuevo capítulo tras la publicación de una “desmentida oficial” del Ejecutivo municipal, que fue rápidamente cuestionada por sectores vinculados a La Libertad Avanza y agrupaciones vecinales.

El eje del conflicto gira en torno a dos puntos clave: el nivel de aumento de las tasas y la transparencia en la información pública que debe analizar el Concejo Deliberante antes de su votación.

Lejos de apaciguarse, el cruce político se profundiza a medida que avanzan las discusiones legislativas.

La polémica por los números del presupuesto

Uno de los principales cuestionamientos apunta a cómo el Ejecutivo presenta la evolución del gasto. Según la versión oficial, el presupuesto crece un 38% interanual, en línea con la inflación.

Sin embargo, desde la oposición sostienen que esa cifra surge de una comparación metodológicamente incorrecta: se toma el presupuesto ejecutado de 2025 en lugar del aprobado originalmente.

Al comparar presupuesto contra presupuesto, el incremento real alcanzaría el 74,4%, una diferencia que reaviva las críticas sobre un posible “maquillaje contable” para minimizar el impacto del ajuste.

Además, se señala que el proyecto original debió recortarse en casi $8.000 millones por falta de financiamiento, lo que abre interrogantes sobre la planificación de obras públicas.

El impacto del “valor punto” en las tasas

Otro foco de tensión es el aumento del valor del punto, base de cálculo de múltiples tributos municipales.

El Ejecutivo reconoce una suba del 29,4%, pero desde los sectores críticos advierten que esto implica un incremento simultáneo en todas las tasas, desde servicios públicos hasta habilitaciones comerciales.

El cuestionamiento no radica solo en el porcentaje, sino en su efecto acumulativo:
“cuando sube el punto, sube todo”, resumen desde la oposición.

Servicios, tasas y reclamos vecinales

El aumento de la alícuota de patentes, que pasaría del 2% al 2,5%, también generó rechazo en sectores vecinales.

El planteo central es la desconexión entre lo que se cobra y los servicios que se prestan, especialmente en infraestructura vial.

Vecinos denuncian falta de mantenimiento en calles y cuestionan que se avance con subas impositivas sin mejoras visibles, un argumento que tensiona el discurso oficial de “armonización” con otros municipios de Neuquén.

Dependencia financiera y debate político

Otro punto crítico es el rol de los aportes provinciales. El Ejecutivo sostiene que se trata de un convenio reintegrable y condicionado, mientras que los sectores opositores lo interpretan como una forma de dependencia estructural.

El debate no es solo técnico: plantea si el municipio puede sostener su funcionamiento sin esos recursos, y en qué medida esa relación condiciona la autonomía política local.

Comparaciones en discusión

La comparación con el costo del agua en San Martín de los Andes también fue cuestionada.

Mientras el municipio sostiene que sus tarifas son más bajas, los críticos remarcan que en esa ciudad el servicio lo presta una cooperativa independiente, lo que —afirman— implica estructuras de costos y modelos de gestión incomparables.

El eje vuelve a ser la eficiencia: no cuánto se cobra, sino cómo se administra lo recaudado.

Transparencia bajo la lupa

El punto más sensible del conflicto es la disponibilidad de la información pública.

Desde la oposición aseguran que el proyecto completo del Código Tarifario 2026 no está publicado, lo que impediría a vecinos y concejales analizarlo en detalle antes de su tratamiento.

El Ejecutivo, en cambio, afirma que la información es pública y accesible.

Esta contradicción se convirtió en el núcleo del debate:
sin acceso pleno a los documentos, advierten, no hay condiciones para una discusión transparente.

Un debate abierto

Mientras el Concejo Deliberante se prepara para votar, el clima político continúa enrarecido.

Desde el oficialismo denuncian campañas de desinformación, mientras que desde la oposición responden que los cuestionamientos se basan en datos oficiales y documentos públicos.

El desenlace aún es incierto, pero el conflicto ya dejó en claro que el debate por el presupuesto excede lo técnico:
se trata de una discusión sobre modelo de gestión, prioridades y transparencia en la administración municipal.