CONFLICTO TERRITORUAL
Denunciaron al municipio por ingresar a tierras privadas en Belvedere
Un grupo de propietarios de tierras vinculados al conflicto territorial en la zona del Belvedere presentó una denuncia penal, administrativa e institucional contra el municipio por el presunto ingreso ilegal a tierras privadas para ejecutar trabajos sin autorización.
La presentación fue dirigida al fiscal de turno, al auditor municipal y al defensor del pueblo. Los denunciantes son Martín Bianchini, Juan Saldivia, Pablo Antriado, Sebastián Álvarez y Juan Salamida, con el patrocinio legal del abogado Guillermo Hensel.
Según consta en el escrito, el hecho denunciado ocurrió el pasado viernes 8, cuando personal municipal habría ingresado con maquinaria vial a una propiedad privada perteneciente a la familia Salamida, ubicada en el sector del Belvedere.
La denuncia: “Ingresó ilegítimamente a una propiedad privada”
En el documento presentado ante las autoridades, los denunciantes sostuvieron de manera textual que:
“Personal dependiente de la municipalidad utilizando maquinaria vial municipal ingresó ilegítimamente a una propiedad privada perteneciente a la familia Salamida ubicada en la zona del Belvedere”.
Además, aseguraron que antes del ingreso:
“Procedieron previamente a romper un candado colocado en la tranquera de acceso privado vulnerando así de manera flagrante el derecho de propiedad y la posesión legítima del inmueble”.
De acuerdo con la denuncia, el operativo habría tenido como finalidad ejecutar trabajos vinculados con la instalación o traslado de un tanque australiano de agua destinado a abastecer una ocupación atribuida a una “pseudo comunidad mapuche” asentada en el sector.
Acusan al municipio de utilizar recursos públicos de manera ilegal
Los propietarios afirmaron que el accionar municipal constituye un hecho de “extrema gravedad institucional”.
En ese sentido, remarcaron textualmente que:
“El propio Estado municipal lejos de garantizar la legalidad y la inviolabilidad de la propiedad privada habría utilizado recursos públicos, maquinarias oficiales y personal municipal para consumar una vía de hecho manifiestamente ilegal”.
Asimismo, indicaron que:
“No existió orden judicial alguna, notificación administrativa previa, servidumbre constituida, procedimiento expropiatorio, autorización del propietario ni acto administrativo válido que habilitara semejante intromisión”.
Los delitos señalados en la presentación
En la denuncia, los firmantes enumeraron una serie de posibles delitos y responsabilidades derivadas del operativo realizado en el predio privado.
Entre ellos mencionaron:
Rotura deliberada del candado y elementos de seguridad
Violación de propiedad privada
Ingreso ilegítimo al inmueble
Uso arbitrario de maquinaria municipal
Apertura de una calle en un sector no autorizado
Posible abuso de autoridad
Incumplimiento de deberes de funcionario público
Daño agravado
Eventual usurpación favoreciendo ocupaciones irregulares
Además, calificaron legalmente el hecho como posible:
Violación de domicilio,
Daño agravado,
Abuso de autoridad,
Icumplimiento de deberes de funcionario público,
Violación de los deberes de custodia del patrimonio público,
Eventual favorecimiento de usurpación.
Piden investigar responsabilidades políticas y administrativas
Los denunciantes solicitaron que se determine la responsabilidad funcional de las áreas municipales involucradas.
En el escrito señalaron:
“Resulta especialmente grave que maquinaria, combustible, personal y recursos municipales hayan sido utilizados para intervenir sobre propiedad privada sin procedimiento legal alguno y sin marco normativo”.
También reclamaron investigar:
“Quién ordenó el operativo, qué funcionario autorizó el ingreso, qué expediente administrativo respaldaría el accionar, qué maquinaria y personal participaron, qué finalidad pública concreta se invocó y qué vinculación existe con la ocupación pseudo mapuche beneficiada”.
El petitorio presentado ante la Justicia y organismos de control
Finalmente, los propietarios solicitaron una serie de medidas urgentes ante la Justicia y organismos institucionales.
Entre los principales puntos pidieron:
que se tenga por formulada la denuncia penal y administrativa;
que se investigue la participación de funcionarios y empleados municipales;
que se identifique la maquinaria y el personal interviniente;
que se preserve toda la documentación administrativa vinculada;
que se adopten medidas para impedir nuevas intervenciones o daños;
que se determine la eventual responsabilidad penal, civil y administrativa;
y que intervenga de manera inmediata la Defensoría del Pueblo.
Además, instaron al municipio:
“A abstenerse de continuar utilizando bienes y recursos públicos para favorecer ocupaciones irregulares”.