“Una bala, un policía menos”

UNA BALA, UN POLICIA MENOS

Sr. Director

En estos tiempos difíciles, donde advertimos el incremento de delitos de acción pública que tanto preocupan -y ocupan- a los vecinos de Villa La Angostura, que van desde hurtos y robos de vehículos y fincas, hasta entraderas de peligrosas bandas armadas a domicilios particulares; llegando incluso al extremo de poner en jaque a la salubridad pública, por la alarmante expansión del microtráfico de drogas ilícitas, el cual destruye familias, y a su vez, propicia la comisión de nuevos hechos delictivos; genera todo ya, un escenario de incertidumbre y desánimo social por la falta de respuestas útiles de quienes administran el Estado.

En este contexto de inseguridad y destrucción del tejido social en los sectores más vulnerables a causa de los estragos que están produciendo los estupefacientes que consumen cada vez más niños y adolescentes; y los cada vez más jóvenes mercaderes captados por las redes narco para “trabajar de soldaditos y deliberys” y ejercer la prostitución; claramente, se necesitan mayores recursos para combatir el delito; y esto, con la mayor urgencia de confronte a una estructura de distribución que responde a delincuencia organizada.

Dada la gravedad de la situación, no se puede perder tiempo, y tampoco policías.

Se requieren más patrullajes por los barrios; más patrulleros y efectivos policiales que nos protejan. No podemos restar los pocos recursos existentes, que prioritariamente deben ser destinados para servir al cuidado de la gente; digo, del ciudadano común, de a pie; no de los privilegiados.

Así las cosas, la semana pasada fueron publicadas por este mismo medio, dos notas periodísticas que refieren a una funcionaria judicial supuestamente amenazada, en razón del hallazgo de una cápsula de bala servida, sobre el parabrisas de un automóvil particular estacionado en cercanías del edificio de tribunales.

El delito de amenaza es una figura penal que exige que quien la recibe, la víctima, tenga miedo, siendo ello -el temor fundado- uno de los requisitos necesarios. En otras palabras, la víctima debe creer, al punto de estar convencida, que el autor de la amenaza es capaz de llevar a cabo el mal que anuncia con su injusto mensaje. Debe creerlo dispuesto a cumplir lo que anticipa, y, de sentido común, no se puede creer lo que viene de quien no se conoce.

Perfilado así, de mi opinión, no existe el delito de amenaza, pues dejar una vaina de proyectil en las circunstancias relatadas por la prensa, no resulta ser una acción que tenga entidad suficiente para generar temor a un funcionario judicial; ello, en virtud que el tipo de labor que desempeña en su oficio público -administrar Justicia-, lo hace inmune en su sentir a las advertencias que pudiera eventualmente recibir de justiciables descontentos con resultados dados en el marco de sus actividades.

Ahora bien, más allá de discusiones técnicas que pudieran darse en torno a la configuración de ese delito, no podemos permitirnos como sociedad que por una bala colocada por autor desconocido, tengamos un policía menos patrullando las calles.

Veo en desacierto que tras la apertura de la investigación penal a cargo del Ministerio Público Fiscal de esta localidad, la Justicia ordenó a la Policía que todos los días, de 08:00 a 14:00 horas, destine un efectivo policial para que haga vigilancia en los Juzgados y la zona de estacionamientos.

La medida no sería inoportuna, mucho menos inusual, si no fuera que los recursos humanos de la institución policíaca, son escasos. La única Comisaría de este pueblo, por motivos distintos, entre ellos, la falta de viviendas para alojar a personal policial, no cuenta con el número de efectivos mínimos necesarios en cada guardia para dar un servicio de seguridad de calidad a la población. De margen al compromiso, vocación y arrojo demostrados en la resolución de distintos hechos de sangre ocurridos tiempo atrás, que enaltecen a los trabajadores del uniforme azul; son pocos los servidores policiales dada la cantidad de habitantes real -no la censada- que tenemos en el pueblo; y aquellas virtudes y templanzas oportunamente demostradas por los uniformados en acontecimientos que tomaron notoriedad, no son suficientes a esta altura para contener el avance delictivo descripto más arriba.

Sacaron un policía de las calles, para ir a cuidar a una funcionaria que, por el solo hecho de pertenecer a la “familia judicial”, mantiene contactos privilegiados con otros pares que administran en el mismo Poder del Estado, lo cual, por reglas no escritas -que ciertamente existen- la hace merecedora de un tratamiento “especial” que la favorece, y que, desde luego, no recibe otro ciudadano si pasara por un hecho de similares características.

Aún imperando las buenas intenciones constitucionales, la práctica demuestra que no somos todos iguales ante la ley en la Provincia de Neuquén, pues, va de suyo, si a Doña Rosa, la del kiosco, le dejaran una bala servida al lado del frasco de caramelos, si la denunciante tuviera la suerte de superar el archivo inmediato de la causa, jamás tendría un policía asignado en inmediaciones de su negocio, mucho menos por tiempo indeterminado, como ha sido ordenada la medida judicial aquí criticada.  

Hubiera sido más eficaz y menos gravoso para la sociedad instalar cámaras perimetrales e internas en el edificio de los Juzgados, o contratar un servicio de seguridad privada, o al menos, instrumentar el pago de adicionales a policías que no estén de guardia; pero se echa mano a lo más rápido y fácil, sin licitaciones, sin contratos, y lo peor, sin importar que ese policía menos, que ya no está en las calles investigando, patrullando o cubriendo una emergencia, significa un delincuente más vigilando el barrio y otro chico que se intoxica, ahora, por la falta de empatía de quienes tienen el poder de manejar los engranajes del Estado, donde se decide a discreción del agente y a espaldas del vecino; radicando allí la necesidad de un mayor control ciudadano de los actos de gobierno, y de paridad, en aras de fomentar tan elevada misión democrática, que la población sepa lo que ocurre puertas adentro de la Casa de Justicia, para bien de todos.-   
  
Abog. Cristian Hugo Pettorosso
Mat. 2248, CAPN
cpettorosso@cpacf.org.ar