Un dictamen jurídico sostiene que el Deliberante avanzó sobre facultades propias del Ejecutivo

El intendente Javier Murer informó que la Asesoría Legal Municipal emitió un dictamen en el que concluye que la Ordenanza N.º 4381/2026, que autoriza la continuidad de locaciones de servicio, "excede el alcance previsto por el artículo 8° de la Ordenanza 4274/2025, al incorporar disposiciones que invaden competencias propias del Departamento Ejecutivo Municipal".

Según explicó el mandatario, el análisis jurídico establece que la intervención del Concejo Deliberante debía limitarse "exclusivamente a verificar si existía o no intención de desdoblamiento en las contrataciones municipales". Sin embargo, sostuvo que la ordenanza avanzó más allá de esa función al incorporar atribuciones para "autorizar contrataciones, disponer renovaciones, fijar plazos, exigir concursos, solicitar informes de desempeño y establecer condiciones para futuras contrataciones", facultades que, de acuerdo con el dictamen, "corresponden exclusivamente al Departamento Ejecutivo en su carácter de jefe de la administración municipal".

Murer afirmó que el informe jurídico deja en claro que "una cosa es controlar y otra muy distinta es administrar". En ese sentido, remarcó que "así como el Ejecutivo no puede sancionar ordenanzas, el Concejo Deliberante tampoco puede asumir decisiones que la Carta Orgánica y la Constitución Provincial reservan al Departamento Ejecutivo". Por ello, señaló que el dictamen recomienda el veto parcial de las disposiciones que exceden las atribuciones legislativas al considerar que generan "una superposición de funciones que afecta el principio republicano de división de poderes".

El intendente también cuestionó el impacto que, a su entender, tiene este tipo de intervenciones sobre el funcionamiento cotidiano del Municipio. "Este tipo de intervenciones incorpora nuevos pasos administrativos, condiciona decisiones propias de la gestión diaria y termina demorando la contratación de servicios, la continuidad de programas y la respuesta que el Municipio debe brindar a los vecinos", expresó.

En la misma línea, aseguró que "más burocracia y superposición de funciones no significan más transparencia; significan menos capacidad de respuesta para la comunidad".

Asimismo, recordó que hace más de 90 días el Departamento Ejecutivo presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto para crear un Régimen de Eficiencia, Simplificación y Ordenamiento de los Procedimientos Administrativos Municipales, con el objetivo de "brindar mayor seguridad jurídica, agilizar la gestión y evitar precisamente este tipo de conflictos de competencias".

Según indicó Murer, esa iniciativa "recibió observaciones favorables de la Auditoría Municipal en gran parte de su contenido; sin embargo, no obtuvo el acompañamiento necesario para avanzar en su tratamiento".

En contraste, el jefe comunal sostuvo que se decidió mantener vigente un esquema normativo que, según el dictamen de la Asesoría Legal, "genera una indebida superposición de funciones entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante".

Para el intendente, "esto no es solo una discusión jurídica: es una realidad que vivimos todos los días desde el Ejecutivo". En ese sentido, afirmó que "existe una pretensión de cogobernar desde el ámbito legislativo que termina condicionando decisiones administrativas que la Carta Orgánica asigna al Intendente". Como consecuencia, agregó, "el resultado es más burocracia, demoras y una menor capacidad de respuesta frente a las necesidades de los vecinos".

Murer también manifestó que esta interpretación "desdibuja el rol institucional de la Auditoría Municipal", ya que "en lugar de fortalecer su función técnica e independiente como órgano de control, traslada decisiones al ámbito político del Concejo Deliberante, alterando el esquema de controles previsto por la Carta Orgánica y debilitando el equilibrio institucional".

Finalmente, el intendente resumió la posición del Ejecutivo al señalar que "el objetivo no es reducir controles, sino que cada institución ejerza las funciones que le asignan la Constitución y la Carta Orgánica". Y concluyó: "Controlar fortalece la transparencia; administrar corresponde al Ejecutivo. Cuando esos límites se confunden, se perjudica la gestión y, en consecuencia, a los vecinos".