“Las riquezas que habitan en la tierra no son recursos naturales sino bienes comunes”

Hacia el año 1500, los galeones cargaban el oro y la plata con la experiencia del observador, no había más tecnología que la del ojo para detectar las vetas. En cinco siglos exprimieron la Tierra con la exclamación "vale un Potosí", calificación suprema de cosa o persona de incalculable valor. Toda América era un Potosí. Durante quinientos años de insostenible extracción, los minerales del planeta se fueron agotando y entender y razonar este dato es imprescindible. Estados Unidos reconoce que cada uno de sus habitantes consume anualmente diecinueve toneladas de minerales. En el resto de los países consumistas del Norte es igual, y tal derroche se expresa en el uso energético; una pequeña parte del mundo dominante concentra el 80 % de la energía del planeta, mientras que los llamados pueblos del Sur que componen el 80% de la población mundial apenas consumen el 20% de la energía que se utiliza en el mundo. Esta falta de equidad rige en un planeta que no resiste la explotación descontrolada de los bienes comunes y que se pretende justificar con el axioma de que se trata de recursos naturales, concepto familiarizado con la costumbre del depredador.
La eclosión demográfica demanda cada vez más insumos, digitados de manera desigual por unos, en desmedro de otros pueblos. El agua, la irracional explotación de los suelos, la concentración de la energía, la diversidad biológica y los minerales críticos y estratégicos, conforman parte del paquete voraz que le permite al Norte continuar en una línea dominante pero con infaustos resultados de un desarrollo cientificista y tecnócrata que en realidad fabrica calentamiento global, cambio climático y más hambre.
La existencia de recursos minerales con un cierto grado de concentración natural en el planeta ha sufrido una disminución cuantitativa y cualitativa de inmensa magnitud. En el año 1900, Estados Unidos extraía minerales de cobre con una ley promedio del 5%, que en la actualidad es inferior al 0,4%; diferencia abismal que indica la escasez del llamado “recurso”. Este ejemplo se repite en casi todas las geografías y tipos de minerales. Los minerales remanentes se encuentran en estado de diseminación en la naturaleza y en partículas ínfimas dispersas en las rocas montañosas, razón por la cual es imposible extraerlos por los métodos y tecnologías de la minería tradicional. En su reemplazo, la industria minera ideó un método extractivo acorde a las nuevas condiciones: detecta por satélite aquellos sitios o yacimientos donde existe mayor concentración relativa de minerales, generalmente polimetálicos y diseminados en extensiones kilométricas. Para apropiarse de los minerales y concentrarlos, la minera debe primero producir la voladura de extraordinarias cantidades de suelo, montañas enteras que son convertidas en rocas y luego trituradas hasta alcanzar medidas ínfimas, para posteriormente aplicársele una sopa de sustancias químicas licuadas con gigantescas cantidades de agua, que logran separar y capturar los metales del resto de la roca. Los reactivos químicos empleados son cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otros compuestos tóxicos, acumulativos y persistentes, de alto impacto en la salud de las personas y el medio ambiente. La remoción de montañas enteras genera a su vez la movilización de otras tantas sustancias que entran en contacto con el aire, provocando nubes de polvo que viajan a distancias kilométricas. De esta manera, la combinación de las industrias minera y química posibilitan que la extracción de minerales de baja ley signifique un buen negocio. En el camino aparecen todos los metales pesados propios de la actividad que se realiza, tales como plomo, mercurio, zinc, cadmio, cobre, uranio, entre muchos otros; además de metaloides, como el arsénico, que se movilizan por la acción de soluciones de cianuro y de ácidos como el sulfúrico y el nítrico. El método no se caracteriza por mantener normas industriales de desarrollo sostenible, ni por remediar el daño producido, tarea por demás difícil. Para las empresas mineras lo vital consiste en capturar entre el 96 y 99% del oro contenido en la roca, en invisibles partículas diseminadas en miles de hectáreas. Ahora, donde no alcanza el ojo humano, llegamos con el compuesto químico y hacemos que el mineral de baja ley sea un buen negocio, pero aplicando un método extractivo perverso.
Las empresas transnacionales que se dedican a la extracción -beneficiadas con leyes que las excluyen del rigor impositivo vigente- también exigen a los gobiernos la provisión de energía subsidiada, porque cuanto más baja es la ley de los minerales, mayor es el consumo y el costo de la energía. Cuanto más diseminados se hallen los minerales más baja es su ley y mayor cantidad de explosivos y volúmenes de agua se requieren, más cianuro y ácido sulfúrico, más escoria arrumbada y abandonada a perpetuidad. El agua y la energía son los principales insumos que no figuran como tales en los informes de impacto ambiental de las mineras. Si las empresas pagaran por todos los factores de producción realmente empleados, costaría más la extracción de los minerales que su valor en el mercado.
Las políticas oficiales no sólo accedieron a las leyes del saqueo extractivo, sino que alentaron la radicación de transnacionales, encubiertas en la teoría inversionista. Los bancos mundiales les adelantan créditos avalados por las mismas naciones que vienen a vaciar y los yacimientos se convierten en garantías reales, en tanto la mano de obra se halla cautiva, esclava de una desocupación incapaz de negociar dignidad laboral.
La respuesta popular no se hizo esperar. Las comunidades afectadas resisten estas prácticas mineras y reclaman su expulsión de sus territorios. Los fuertes rechazos obligan a los municipios a efectuar consultas populares, plebiscitos que se convierten en una herramienta de poder en manos de los movimientos sociales. El pueblo, en estas circunstancias, suele enfrentar a una abroquelada unión de transnacionales con gobernantes sobornados: relación de fuerzas desigual. El arribo masivo de las transnacionales mineras, es acompañado por mercenarios y trae consigo la firme decisión de dominar medios de difusión, corromper funcionarios, practicar chantajes y operar de manera mafiosa. Las mineras construyen sus burdeles con la misma velocidad que practican donativos a escuelas, a hospitales e iglesias parroquiales; reparten en comodato tractores y cosechadoras abrumando con el esplendor del oro que van a extraer. Es habitual que busquen de ese modo la licencia social para operar, el soborno es el estilo minero de los negocios. Sin embargo, tanta adversidad no impide que las asambleas populares se multipliquen y se organicen; que vecinos autoconvocados de la región patagónica, por ejemplo, confluyan con los de las regiones de Cuyo y del noroeste y que asambleas regionales, congresos y foros latinoamericanos produzcan acciones conjuntas y movilizaciones masivas en toda la extensión de la Cordillera de los Andes.
Vienen por el oro, vienen por todo, intenta contar por qué se produce la rebelión de los pueblos amenazados por las invasiones mineras, quinientos años después de los espejos de colores.
Las riquezas que habitan en la tierra no son recursos naturales sino bienes comunes
¿Por qué bienes comunes?
La libertad es patrimonio de todos y “todos nacemos libres en dignidad y derechos”, es un bien común. Como lo es el oxígeno que respiramos, el color de una flor, el sonido de una cascada, el silencio o el murmullo de un bosque, el viento, el cosmos, el pensamiento, la velocidad de la luz o la capa de ozono. En este sentido, el suelo, el subsuelo mineral, el glaciar, el agua, no son recursos naturales sino bienes comunes. Dicho de otro modo, las riquezas que habitan en la tierra no son recursos naturales, son bienes comunes. Referirse a ellos como recursos naturales es la primera forma de apropiación, desde el lenguaje.
Nadie tiene el derecho a recurrir a un recurso natural, apropiándoselo, enajenándolo.
El derecho a recurrir a un recurso natural termina en el mismo instante en que ese recurso es también de otro, de otros. De manera que las riquezas que admiramos de la tierra y que denunciamos como propias en una acción extractiva, no son recursos naturales sino bienes comunes, que pertenecen a los comunes. Bienes y comunes componen un único ecosistema que se verá alterado al recurrir a él de manera posesiva, esgrimiendo una propiedad falsa, arrebatando del sitio a partes o a un todo que desequilibrarán el medio, el que seguramente se verá dañado o irreparablemente modificado, mutado. No aceptamos recurrir al recurso.
¿Quién admite que al acudir al recurso no se vulneran dominios ajenos? ¿Y de quién o quiénes es entonces el recurso? ¿No será de los comunes?
Si creemos que los recursos naturales son elementos que constituyen la riqueza o la potencia de una nación, qué mejor que la definición de ésta última, tal como proviene del latín “natio”: “sociedad natural de hombres a los que la unidad de territorio, de origen, de historia, de lengua y de cultura, inclina a la comunidad de vida y crea la conciencia de un destino común”. Sus recursos pertenecen a ese destino común, a ellos y a las generaciones futuras.
El concepto de propiedad privada del recurso natural nació con imposición feudal e imperial y continúa disfrazado de las mismas leyes coloniales. El subsuelo de las colonias de ultramar pertenecía al monarca y sólo la superficie se le cedía al aventurero conquistador o adelantado. Eran del monarca el oro, la plata, el cobre y todos los minerales que esconde el suelo conquistado, derechos que ejercían tanto la corona británica como la española y con iguales disposiciones. ¿Qué cambió?
Nada cambió. Ese mismo objeto del deseo, el subsuelo, se convierte en propiedad privada de quien manifiesta o denuncia la existencia de “pertenencias” extractivas y sólo requiere la ratificación de la autoridad política a modo de registro, control o tributo. En nombre del estado cedemos la potestad de los bienes comunes y aquel que se arroga tal facultad no fue elegido por el pueblo para esa función. No elegimos a nuestros gobernantes para que extranjericen territorios, vendan provincias, derriben montañas, destruyan glaciares, desvíen ríos, enajenen bosques nativos ancestrales y entreguen las altas cuencas hídricas, ecosistemas que nutren a las poblaciones, que les dan vida, razón de existencia y de futuro.
Los bienes comunes no se hallan en venta, no son negociables, precisamente porque son comunes, tampoco son públicos ni naturales por más que descansen en la naturaleza milenaria y estén al alcance depredador del público. El concepto de público (total es público) está virtualmente asociado a depredar y al uso del libre albedrío, no al concepto de pertenencia de todo un pueblo, acepción que debiera ser usada como válida. Entonces hablamos de bienes comunes, no de bienes públicos ni de bienes naturales. Se hallan en la naturaleza y por tanto se los quiere hacer aparecer como opuestos a los objetos artificiales creados por el hombre. Reemplazar el término recursos naturales por el de bienes naturales también contempla el error de considerarlos propiedad; están ahí, disponibles: naturales por artificiales. Los bienes comunes, en definitiva, trascienden a los bienes particulares y los reconocemos integrados a ecosistemas, a su vez a biorregiones dentro de la gran esfera que nos involucra a todos; es en este sentido que no debo adueñarme del oxígeno del aire, por ejemplo, cuando estoy obligado a compartirlo. Incluso para los legistas, esta propiedad -mejor aún, lo que es propio- termina cuando irrumpo en la del prójimo, válido para el caso que nos preocupa.
Ante el avance de las invasiones mineras y de políticas que intentan legitimar la rapiña extractiva, corregimos que las riquezas que habitan en la tierra no son recursos naturales sino bienes comunes.
Creemos que es oportuno razonar sobre tal concepto que aparecerá con frecuencia en las páginas de este libro.