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Se cumplió el plazo y Segovia no demolió la obra en costa de lago: la municipalidad podría hacerlo, transferirle los costos y ampliar la multa
A fines del mes de febrero, la Justicia de Faltas impuso a la propietaria del lote en Bahía Manzano, Ana Irazabal, y al apoderado Rodrigo Segovia, una multa de 7.4 millones de pesos y la obligación de demoler a su propio costo la edificación construida en la costa del lago, invadiendo la línea de ribera.
Además, debían remediar el daño ambiental causado.
Según el expediente, en calidad de "apoderado", Segovia "ha llevado a cabo la obra detectada" y es "a todas luces el autor material". Mientras tanto, "Ana Irazabal continúa siendo co-propietaria del inmueble". Frente a este panorama, la Jueza de Faltas pudo comprobar que "no existe expediente con Planos Constructivos presentados" en la Secretaría de Planeamiento.
También se demostró que la construcción no respeta la línea de ribera y se constató la existencia de un sistema de saneamiento ubicado a 5 metros del lago (cama séptica y pozo de infiltración), con un caño de desagüe de este sistema al lago. Se constató también "movimiento de suelos no autorizados para acceso e implantación edilicia en zona de restricción constructiva" (esa zona tiene 35 metros de ancho y, según las normas vigentes, "no se permitirá la realización de ningún tipo de construcciones y/o edificios").
No obstante, y pese a que tenían 30 días para concretar “el desmantelamiento y/o demolición de la construcción" a cargo de ambos, hasta el pasado viernes aún no se había avanzado con esa acción.
De esta manera, es ahora el Tribunal de Faltas quien debe decidir al respecto y la alternativa que se baraja es que el propio municipio avance con a la demolición y la remediación y luego traslade los costos de estas acciones a Irazabal y a Segovia.
Asimismo, por el incumplimiento en tiempo y forma, se podría aplicar "sanciones más severas".
Cabe recordar que en el proceso que se siguió antes de que la Justicia de Faltas resolviera la multa y la demolición, Segovia había solicitado prórroga y durnate todo ese plazo no pudo demostrar que la construcción se ajustaba a las normas; es más, no pudo presentar los permisos necesarios para el inicio de la obra, ni para la tala de árboles, ni para la realización de movimientos de suelos.
Si bien en ese terreno Segovia había sido beneficiado por Stefani ( quien en una jugada sospechosa y sin precedentes le aprobó por decreto los planos y un informe de Impacto Ambiental) por esta obra puntualmente, fue penalizado con una “inhabilitación para edificar en el lote por un plazo de 2 años y hasta tanto sea restaurado el mismo y las funciones ambientales recuperadas".
