Caso Ginóbili-Mapuches: El abogado de la comunidad Paisil Antriado explicó los fundamentos históricos de la “posesión ancestral” de la tierra

En el marco del juicio que determinará que parte tiene legítimo derecho sobre las tierras ubicadas en el Cerro Belvedere que reclaman como propias por un lado, la Comunidad Mapuche Paichil Antriao y por el otro, ex basquetbolista Emanuel Ginóbili, el abogado que representa a los descendientes aborígenes, Luis Virgilio Sánchez, brindó una extensa explicación de los fundamentos históricos y legales que sustentan el reclamo territorial.

Sánchez comenzó recordando los antecedentes que se remontan a finales del siglo XIX, durante la época del Perito Moreno. "La historia de nuestro reclamo tiene raíces profundas", afirmó. "En 1879, el Perito Moreno, mientras realizaba una expedición en la región del Nahuel Huapi, tuvo un encuentro con el Cacique Inacayal, quien lo recibió con una amabilidad ejemplar, ofreciéndole comida y refugio en su ruca. Este encuentro refleja el respeto que los pueblos originarios tenían por el visitante, algo que lamentablemente no fue recíproco unos años después cuando el cacique y su familia fueron apresados y confinados en la Isla Martín García".

El abogado destacó cómo, en el pasado, las tierras en disputa fueron otorgadas a la comunidad mediante una resolución del Estado argentino: "El 18 de septiembre de 1902, por una resolución del Ministerio de Agricultura, División de Tierras y Colonias, se entregaron a Ignacio Antriao y José María Paichil 625 hectáreas en lo que hoy es Villa La Angostura. Este acto no fue una simple transacción individual, sino un claro reconocimiento territorial a favor de la comunidad mapuche que vivía en esas tierras", afirmó Sánchez.

"Lo que ocurrió después fue un despojo sistemático", explicó el abogado, refiriéndose a cómo, con el paso del tiempo, estas tierras fueron arrebatadas a la comunidad mediante "la compra a precios irrisorios por parte de particulares y la imposición de normas como la Ley 21.477 durante la dictadura militar, que permitía a los municipios prescribir la propiedad de tierras indígenas mediante simples actos administrativos".

Sánchez denunció que los títulos de propiedad que existen en la actualidad en la región fueron obtenidos en forma dudosa. "Muchos de estos títulos fueron adquiridos por personas que se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad de los mapuches, quienes eran analfabetos y carecían de los recursos para defenderse. En algunos casos, los antiguos propietarios firmaban los documentos con su huella dactilar, sin saber que estaban entregando sus tierras. Es el caso de José Salamida, quien fuera intendente de facto y adquirió grandes extensiones de terreno bajo estas circunstancias", detalló.

El abogado también hizo hincapié en el legado cultural y espiritual que estas tierras tienen para la comunidad Paichil Antriao. "Para nosotros, no se trata solo de un reclamo por propiedad material. Estas tierras representan nuestro hogar ancestral, el lugar donde nuestros antepasados vivieron y donde aún hoy mantenemos viva nuestra cultura y tradiciones. No es una cuestión económica ni comercial, es una cuestión de identidad y dignidad", sostuvo Sánchez.

El caso Ginóbili

Sobre el caso particular que involucra a Emanuel Ginóbili, el abogado explicó que el ex basquetbolista adquirió doce hectáreas de bosque nativo en el Cerro Belvedere, tierras que, según la comunidad, pertenecen legítimamente al Lof Paichil Antriao. "Ginóbili compró estas tierras a los herederos de Salamida, y desde entonces ha desplegado una intensa actividad litigiosa en su contra. Además de acusar a siete miembros de la comunidad del delito de usurpación, ha promovido acciones legales en diversas instancias para consolidar su propiedad", señaló.

Sánchez lamentó que, a pesar de los avances en materia de derechos indígenas, la lucha de la comunidad siga enfrentando obstáculos legales. "A partir de la reforma constitucional de 1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 17, que reconoce el derecho de los pueblos originarios a la posesión y propiedad comunitaria de sus tierras, y con la entrada en vigor de tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, el Estado argentino tiene la obligación de respetar estos derechos. Sin embargo, vemos cómo, en la práctica, el Estado y los particulares siguen ignorando estas normativas y continúan acusando a la comunidad de 'usurpadores' de su propio territorio", expresó con indignación.

El abogado también destacó que, a pesar de la existencia de leyes nacionales como la Ley 26.160, que suspende los desalojos de comunidades indígenas mientras se realiza un relevamiento territorial, los conflictos siguen vigentes. "El Estado debería haber garantizado la implementación de estas leyes, pero en lugar de eso, vemos cómo se sigue avanzando en procesos judiciales contra nuestra comunidad", afirmó Sánchez.

En referencia a la situación actual, Sánchez advirtió que el conflicto con Ginóbili y otros particulares no es un caso aislado. "Esta es una lucha que se replica en todo el país. Los pueblos originarios estamos siendo criminalizados por defender nuestras tierras y nuestros derechos. Hoy, la comunidad Paichil Antriao enfrenta múltiples juicios, tanto civiles como penales, promovidos por quienes dicen ser los 'legítimos' propietarios, cuando en realidad han adquirido estos terrenos bajo condiciones completamente irregulares", denunció el abogado.

Finalmente, Sánchez hizo un llamado a la justicia y a la sociedad: "El grito de Inacayal, aquel grito indescifrable que pronunció antes de lanzarse al vacío, sigue resonando hoy en nuestra lucha. Ese grito simboliza la dignidad de un pueblo que se resiste a ser borrado de la historia. Nuestra lucha no terminará hasta que se reconozcan plenamente nuestros derechos territoriales y podamos recuperar lo que nos pertenece por herencia ancestral".