Se frena desalojo de comunidad mapuche tras intervención del Ministerio de Gobierno

La orden de desalojo en Villa La Angostura que afectaba a las comunidades mapuches Quintriqueo y Melo fue momentáneamente detenida gracias a la intervención directa del Ministerio de Gobierno de Neuquén, que propuso formalmente la apertura de una mesa de diálogo entre las partes.

La medida se comunicó a través de una nota oficial firmada por el ministro Jorge Tobares, donde se advirtió que la ejecución del desalojo violaría la ley provincial 2302 por afectar a grupos vulnerables, como niños, niñas, adolescentes y personas mayores. Esta norma protege a poblaciones en situación de vulnerabilidad y exige medidas previas de contención.

Hoy se cumplió el plazo judicial de cinco días hábiles, las comunidades se organizaron para resistir el procedimiento. Bloquearon accesos con tranqueras y responsabilizaron públicamente al Poder Judicial y al Ejecutivo provincial por cualquier consecuencia de la acción.

La justicia avanzó sin protocolos de protección

El abogado de la comunidad, Luis Virgilio Sánchez, denunció que el desalojo fue ordenado sin cumplir los protocolos establecidos en la ley 2302, ni convocar previamente a una instancia de diálogo. Por este motivo, presentó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Corte Suprema todavía no se expidió sobre el fondo del caso, lo que mantiene abierta la posibilidad de que la sentencia de desalojo pueda ser revertida si se reconocen los derechos territoriales invocados por la defensa.

Por otra parte, el Estado argentino ya reconoció la ocupación tradicional. Tanto es así que la comunidad del Lof Quintriqueo cuenta con personería jurídica y relevamiento territorial validado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en 2023, mediante la Resolución 332/23. Esto significa que el Estado nacional reconoce que las tierras están ocupadas de forma tradicional, actual y pública por la comunidad, lo cual refuerza su reclamo territorial.

El Ejecutivo intervine en una decisión el poder Judicial e  insiste en la solución pacífica 

La disposición oficial para facilitar el diálogo fue reiterada este lunes, tanto al abogado de la comunidad como al de la denunciante. “Se reitera la disposición para sostener un espacio de diálogo que permita abordar la situación de forma pacífica”, dice la nota del Ministerio enviada el 16 de mayo.

El subsecretario Juan Grandi también se comunicó telefónicamente con la comunidad para “calmar las aguas” y reiterar que nadie busca represión en un escenario sensible previo a las elecciones provinciales.