EL CRUCE

Caso Orellana: La Auditoría Municipal advierte graves irregularidades y pide la nulidad del sumario administrativo

El análisis del área puso bajo la lupa el sumario administrativo y recomendó avanzar con su anulación, al sostener que “deberá formularse el planteo de nulidad de todo el proceso” ante las irregularidades detectadas. Qué dice el Ejecutivo.
27/03/2026

Un contundente dictamen de la Auditora Municipal Rosana Díaz puso en jaque el proceso administrativo seguido contra la trabajadora municipal Rosa Orellana. El informe concluye que existen fallas sustanciales que comprometen la validez de todo lo actuado y deja abierta la posibilidad de avanzar con la nulidad del expediente.

De acuerdo al documento, “el incumplimiento de los plazos en el proceso administrativo sumado a la falta de una investigación sumarial debidamente instruida configura un vicio grave del procedimiento susceptible de generar la nulidad”. Esta afirmación se convierte en el eje central de un análisis que expone múltiples irregularidades.

Desde el Ejecutivo en tanto, aclararon que, de todos modos, no resulta necesario instruir un sumario para aplicar una sanción de carácter leve, como lo es el traslado de área.

Plazos incumplidos y vicios de origen

El dictamen sostiene que los tiempos legales establecidos para la instrucción del sumario no fueron respetados. En ese sentido, la auditora remarca que “dicho plazo no ha sido cumplido”, lo que se evidencia, entre otros puntos, en la renuncia de la primera instructora una vez superado ampliamente el límite legal previsto.

A esto se suma la falta de una investigación adecuada. Según el informe, “no se ha llevado adelante una investigación sumarial debidamente instruida, no habiéndose probado los hechos atribuidos”, lo que impide arribar a conclusiones objetivas.

 

Fallas en el procedimiento y derecho de defensa

Si bien el documento señala que ciertos defectos formales —como la ausencia inicial de descargo— fueron subsanados, también advierte situaciones que afectan garantías esenciales. Entre ellas, la falta de notificación sobre el cambio de instructora del sumario, lo que “implica una afectación al derecho de defensa”.

Asimismo, indica que se detectaron inconsistencias en la denominación de instancias procesales, como la llamada “audiencia testimonial”, que en rigor no se correspondía con la situación del imputado. No obstante, en este punto se aclara que “dicha imprecisión no configura por sí sola un vicio invalidante”.

 

Un proceso bajo cuestionamiento

Otro aspecto crítico señalado es la falta de objetividad en la instrucción. La auditoría destaca que no se garantizó un análisis completo ni transparente de los hechos, lo que debilita todo el procedimiento.

En este contexto, la auditora fue categórica al afirmar: “no corresponde emitir opinión” sobre el dictamen de clausura del sumario, debido a las deficiencias en su desarrollo.

 

Pedido formal de nulidad

Como conclusión, el informe recomienda avanzar con una medida contundente: “deberá formularse el planteo de nulidad de todo el proceso administrativo en el expediente”.

La decisión final quedará en manos del órgano competente, que deberá evaluar si las irregularidades señaladas alcanzan para invalidar completamente el procedimiento.