Un concejal evalúa iniciar acciones judiciales contra el Municipio porque no fue ubicado en la primera fila durante el acto del 9 de Julio

Lo que comenzó como un detalle del protocolo durante el acto oficial por el 9 de Julio terminó escalando a un conflicto institucional que podría tener derivaciones administrativas e incluso judiciales. La controversia gira en torno a la ubicación asignada a una autoridad durante la ceremonia, un aspecto que el protagonista del reclamo considera una vulneración al respeto que merece el cargo que ocupa.

A través de una extensa presentación ingresada por Mesa de Entradas del Municipio, se solicitó un informe detallado sobre la organización del acto, la aplicación del protocolo oficial y los criterios utilizados para distribuir a las autoridades presentes. Además, se requirió documentación respaldatoria y la identificación de quienes intervinieron en la planificación y ejecución del evento.

Quien impulsó el reclamo fue el concejal de Juntos por el Cambio, Héctor Vénica, quien presentó una nota dirigida al intendente Javier Murer en la que sostiene que durante el acto patrio no recibió el tratamiento institucional que correspondía a su investidura, al no haber sido ubicado en la primera fila junto al resto de las principales autoridades.

En la nota, Benica explicó que el pedido se formula "en resguardo de la institucionalidad democrática, del respeto entre los poderes del Estado municipal y del debido cumplimiento de las pautas protocolares que deben observarse en todo acto público oficial".

El concejal remarcó además que "la ubicación de las autoridades no constituye una cuestión meramente formal, sino una expresión visible del orden institucional, del respeto republicano y de la representación democrática que cada funcionario ejerce", por lo que consideró que "cualquier apartamiento injustificado de dicho orden debe ser debidamente explicado y, en su caso, corregido".

En ese sentido, recordó que el protocolo establece que el intendente ocupa el centro del espacio principal como anfitrión; la viceintendenta, el lugar inmediato a su derecha; el presidente del Concejo Deliberante, a continuación; y los concejales, junto al resto de las máximas autoridades institucionales.

El informe que exige

En su presentación, Vénica solicitó que el Ejecutivo informe:

Quién o quiénes organizaron el protocolo del acto.

Qué criterios se utilizaron para ubicar a las autoridades.

Por qué razones, según plantea, no se respetó el tratamiento institucional correspondiente a su cargo.

Quiénes fueron los responsables de la planificación, autorización y ejecución del protocolo.

Asimismo, pidió copia de toda la documentación vinculada con la organización del acto, incluyendo comunicaciones internas, instrucciones, listados de autoridades, croquis de ubicación, registros fotográficos, actas, expedientes y cualquier otro antecedente relacionado.

También pidió la intervención del Concejo

En otro tramo de la nota, el edil manifestó que, "atento a la gravedad institucional que reviste cualquier acto que pudiese implicar menoscabo, desplazamiento arbitrario o trato desigual hacia una autoridad legislativa electa", solicitó que el informe también sea remitido al Concejo Deliberante para su tratamiento y eventual adopción de las medidas que correspondan.

Incluso planteó la posibilidad de convocar a los funcionarios o agentes que participaron de la organización del acto para que brinden las explicaciones correspondientes.

Advierte con recurrir a la Justicia

Finalmente, Vénica dejó expresamente planteada la reserva de iniciar actuaciones administrativas, institucionales y judiciales en caso de verificarse conductas que considere arbitrarias, discriminatorias, abusivas o contrarias al deber de trato digno y respeto institucional que debe regir la actuación de los funcionarios públicos.

Como cierre de su presentación, el concejal sostuvo que "el presente requerimiento no persigue una cuestión personal menor, sino la defensa y el respeto institucional que corresponden a todo cargo conferido por la voluntad popular", insistiendo en que su planteo busca preservar el correcto funcionamiento institucional y el respeto entre los poderes del Estado municipal.