Proponen que colegios privados subsidiados otorguen vacantes gratuitas

Un proyecto de ley presentado por el ciudadano Juan Mariano Iturbide propone establecer mecanismos de contraprestación social para los establecimientos educativos de gestión privada que reciben aportes económicos del Estado provincial.

La iniciativa, identificada como proyecto de ley N.º 18.641, ingresó por Mesa de Entradas de la Legislatura el 17 de septiembre de 2026.

El objetivo central es que los colegios privados que reciben fondos públicos para financiar total o parcialmente salarios docentes u otros gastos de funcionamiento otorguen, como contraprestación, vacantes totalmente gratuitas destinadas a estudiantes de sectores vulnerables.

A quiénes alcanzaría

De acuerdo con la propuesta, la medida alcanzaría a todos los establecimientos educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial que perciban aportes estatales.

El proyecto plantea que los cupos gratuitos tengan como destinatarios prioritarios a estudiantes pertenecientes a hogares de bajos ingresos, personas con discapacidad, familias numerosas y otros grupos que sean considerados vulnerables por la autoridad educativa.

La cantidad de vacantes y los mecanismos para determinar los beneficiarios deberían establecerse mediante la reglamentación correspondiente.

El argumento de los subsidios estatales

En los fundamentos, Iturbide sostiene que en Neuquén existen establecimientos privados que reciben aportes estatales parciales e incluso del 100% destinados al sostenimiento de sus plantas docentes.

Como antecedente, menciona el Decreto Provincial N.º 875/2024, mediante el cual el Poder Ejecutivo convalidó la Resolución N.º 412/2024 del Consejo Provincial de Educación.

Según los fundamentos del proyecto, esa normativa reconoce que el financiamiento público destinado a determinados establecimientos privados se encuentra relacionado con la función social que desarrollan en sectores de vulnerabilidad socioeconómica.

A partir de ese criterio, la iniciativa busca que esa función social tenga una manifestación concreta mediante la reserva de vacantes gratuitas.

Qué cambiaría si se aprueba

El proyecto establece que la eventual implementación del sistema no implicaría eliminar los subsidios existentes ni modificar la naturaleza jurídica de las instituciones educativas privadas.

Tampoco buscaría intervenir sobre el ideario institucional de cada establecimiento.

El planteo apunta, según sus fundamentos, a establecer una relación directa entre los recursos públicos recibidos y un beneficio educativo concreto, gratuito y verificable para determinados sectores de la sociedad.

De esta manera, la iniciativa busca incorporar mecanismos de transparencia y contraprestación social al sistema de financiamiento estatal de la educación privada.

El proyecto deberá avanzar en la Legislatura

La propuesta fue presentada formalmente el 17 de septiembre de 2026 y deberá continuar ahora su tratamiento legislativo.

En caso de avanzar, la discusión deberá definir, entre otros aspectos, qué porcentaje de vacantes deberían reservar las instituciones, cómo se determinará quiénes pueden acceder a ellas, qué organismo tendrá a cargo la asignación y qué mecanismos de control se aplicarán sobre el cumplimiento de la contraprestación.