Rechazo de sobreseimiento: mapuches irán a juicio en el marco de la disputa territorial en el Cerro Belvedere
En un paso decisivo en la causa judicial por la ocupación de tierras en la base del Cerro Belvedere, la Justicia de Villa La Angostura rechazó el pedido de sobreseimiento solicitado por la defensa de dos miembros de la comunidad mapuche Paisil Antriao, lo que confirma que la situación procesal de los acusados avanza hacia un juicio oral y público.
Los imputados, Damián Andrés Olivero y Jovita Dora Calfupán, enfrentarán cargos por intento de robo y turbación de posesión de la propiedad de las hermanas Salamida, dueñas de un campo de más de 21 hectáreas.
Durante la audiencia presidida por el juez Maximiliano Bagnat, el fiscal Adrián De Lillo presentó las pruebas que sostienen la acusación contra Olivero y Calfupán, vinculándolos al incidente ocurrido el pasado 3 de febrero. En esa ocasión, los acusados, junto a otros miembros de la comunidad mapuche, habrían agredido a un grupo de ingenieros que realizaban mediciones en el terreno en disputa, utilizando amenazas y violencia para interrumpir las actividades técnicas que se desarrollaban para la construcción de un Centro de Equinoterapia.
El abogado querellante Cristian Hugo Pettorosso, quien representa a las hermanas Salamida, se alineó con el Ministerio Público Fiscal y se opuso al pedido de sobreseimiento de la defensa, liderada por el abogado Virgilio Sánchez. El juez Bagnat finalmente decidió rechazar la solicitud de la defensa, permitiendo que la causa avance a la siguiente etapa de análisis de pruebas antes del juicio.
La audiencia, realizada en una sala con nutrida presencia de público, fue clave para las víctimas, quienes buscan justicia por lo que consideran una serie de actos de hostigamiento y violencia para despojarles de su propiedad. Hugo Farmetano, ingeniero que sufrió el intento de robo de su celular durante los hechos de febrero, manifestó al salir de tribunales que “fue un ataque premeditado, con roles distribuidos para turbar la posesión y generar temor”.
Con esta decisión judicial, tanto Olivero como Calfupán deberán enfrentar un juicio que definirá su responsabilidad en los hechos denunciados.