2025-07-03

Brazo Rincón: la Fiscalía imputó a cinco personas por asociación ilícita, usurpación, estafas y extorsión

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra Matías Massara, Aldana Campos, Enzo Benítez, Amelio Fridman y Salvador Massara, por un total de quince hechos delictivos cometidos entre 2023 y 2024.

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos a cinco personas por una serie de delitos de gravedad cometidos en Villa La Angostura. En una audiencia celebrada recientemente, se formularon cargos contra Fernando Matías Massara, Aldana Vanesa Campos, Enzo Gabriel Benítez, Amelio Pedro Juan Fridman y Salvador Matías Massara, por su presunta participación en una estructura organizada dedicada a la usurpación, falsificación de documentos, estafas, extorsión y asociación ilícita.

Cargos principales formulados

Fernando Matías Massara y Aldana Vanesa Campos enfrentan los cargos más graves, alcanzando hasta 50 años de prisión en expectativa. Se los acusa de haber sido los organizadores de una asociación ilícita que operó con la finalidad de apropiarse ilegítimamente de tierras pertenecientes a Elsa Guaranja y su familia, falsificar documentos para simular derechos posesorios y realizar ventas fraudulentas a terceros.

Amelio P. J. Fridman, Enzo G. Benítez y Salvador M. Massara fueron señalados como partícipes necesarios en diversos hechos, especialmente vinculados a la falsificación de documentación y maniobras fraudulentas con inmuebles.

En ese marco, la imputación central gira en torno a una organización delictiva presuntamente estructurada por Campos y Massara, que habría operado entre 2023 y 2024 con el objetivo de despojar de sus tierras a herederos legítimos en la Colonia Nahuel Huapi y simular operaciones de compraventa mediante documentación falsificada, amenazas y engaños a terceros compradores.

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El caso más sensible involucra a Elsa Guananja, una mujer de 77 años, quien habría sido víctima de múltiples actos intimidatorios para ceder más de 200 hectáreas bajo coacción, firmar pagarés y documentos fraudulentos, e incluso fue despojada de su vivienda cuando se encontraba ausente. La extorsión habría incluido amenazas de detención contra su hija y supuesta portación de armas.

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Además, entre mayo y agosto de 2024, los imputados vendieron por redes sociales parcelas de tierras que no les pertenecían a al menos cinco familias, quienes abonaron montos en dólares a cambio de derechos posesorios simulados.

Resumen de los hechos imputados

  1. Falsificación de documentos públicos
    Massara, Campos, Fridman y Benítez habrían fabricado cinco boletos de compraventa falsos para simular la cesión de tierras a Campos, perjudicando a Octavio Guaranja.

  2. Usurpación (dos hechos)
    En octubre de 2023 y abril de 2024, Massara y Campos ingresaron clandestinamente a dos parcelas distintas (10 y 6), despojando de la posesión a los verdaderos ocupantes, incluidos Elsa Guaranja y su familia.

  3. Turbación de la posesión
    En marzo de 2024, ambos habrían amenazado a obreros para detener obras comunitarias en otra parcela del Lote Pastoril 3.

  4. Extorsión
    Se los acusa de amenazar a Elsa Guaranja, de 77 años, entre el 3 y 22 de abril, forzándola a firmar pagarés y ceder más de 200 hectáreas bajo presión, incluyendo amenazas con detención de su hija.

  5. Estafas reiteradas (cinco hechos)
    Entre mayo y agosto de 2024, los imputados vendieron fraudulentamente terrenos a varias personas en redes sociales, simulando tener derechos sobre la Parcela 6. Las víctimas entregaron sumas en dólares creyendo adquirir derechos legítimos.

  6. Apropiación ilegítima de bienes muebles
    Massara habría robado pertenencias personales de Elsa Guaranja, que luego fueron halladas en su domicilio.

  7. Nuevas falsificaciones y turbaciones
    En hechos posteriores, se documentaron más falsificaciones sobre otras parcelas, amenazas a nuevos ocupantes y maniobras similares para consolidar la posesión de los terrenos.

  8. Asociación ilícita
    El Ministerio Público los acusa de conformar una banda organizada con estructura, división de roles y permanencia en el tiempo, con fines delictivos continuados.

Medidas de coerción y restricciones impuestas

Dado el riesgo de entorpecimiento probatorio, posible fuga y riesgos para las víctimas, la Fiscalía solicitó medidas de coerción que fueron adoptadas por el tribunal:

  • Prohibición de contacto y acercamiento a todas las víctimas.

  • Prohibición de salir del país.

  • Restricción perimetral en toda la zona de conflicto territorial.

Escalas penales en expectativa

Las penas en expectativa oscilan entre 5 y 50 años de prisión para los principales imputados. En tanto que la cantidad y gravedad de los hechos configuran una situación procesal comprometida para todos los involucrados.

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