La Comunidad Paicil Antriao recurre a la Corte Suprema por frenar el desalojo del Camping Correntoso

La comunidad mapuche Paicil Antriao presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de frenar el avance del desalojo del camping Correntoso, en Villa La Angostura. La acción busca revertir una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ) que dejó firme el cambio de juzgado encargado de ejecutar la sentencia.

El conflicto judicial, que se extiende desde hace más de una década, ya cuenta con un fallo que ordena la restitución del predio al municipio. Sin embargo, la disputa actual gira en torno a la competencia del juzgado que debe llevar adelante la ejecución.

En declaraciones a FM Andina, el abogado de la comunidad, Virgilio Sánchez, explicó los fundamentos del planteo y cuestionó el accionar tanto del TSJ como del municipio.

El planteo ante la Corte Suprema

Sánchez confirmó que el recurso fue rechazado formalmente por el TSJ, lo que obligó a la comunidad a acudir en queja ante el máximo tribunal del país.

“El recurso extraordinario lo desecharon formalmente y eso me obligó a ir en queja ante la Corte. La Corte ya está circulando la queja, está en la vocalía número uno”, explicó.

No obstante, aclaró que estos procesos “tardan tiempo” y que la presentación de la queja no suspende automáticamente la ejecución de la sentencia, lo que abre la puerta a que el municipio avance con el desalojo.

“El código procesal establece que la queja no suspende la ejecución. El municipio puede llevar adelante la ejecución hasta que resuelva la Corte, pero se tendría que hacer responsable de los daños y perjuicios que ocasione si la Corte revoca la decisión”.

Críticas al TSJ y al cambio de juzgado

El eje del nuevo recurso apunta contra la resolución del TSJ que avaló el apartamiento del juez civil de Junín de los Andes y el envío del expediente a Villa La Angostura.

En su presentación, Sánchez sostuvo que el fallo incurre en lo que la doctrina denomina “sentencias arbitrarias por omitir hechos y prueba decisiva” y que se trata de una decisión “deficientemente fundada”.

“No se le dedicó una sola línea a las cuestiones de fondo planteadas en los recursos”, cuestionó el abogado.

Además, afirmó que con esa resolución “se legitimó la declaración oficiosa de incompetencia de un juez con el solo objetivo de facilitar la ejecución de una sentencia que ordena el desalojo”.

Clausuras y multas millonarias

En paralelo al proceso judicial, el municipio avanzó con nuevas clausuras en el camping por supuestas irregularidades comerciales. Inspectores municipales detectaron fajas removidas y presuntas actividades sin habilitación.

Sánchez calificó estas medidas como parte de una estrategia de presión.

“Es una posición estratégica con un objetivo específico que tiene que ver con desgastar a la comunidad y consolidar posiciones en torno a un litigio donde se discute quién es el dueño del predio”.

El abogado explicó que la comunidad no cuenta con título de propiedad, lo que complica la obtención de licencia comercial. Sin embargo, sostuvo que el Estado debería aplicar criterios especiales conforme al Convenio 169 de la OIT.

“Si vamos a aplicar lo que dice el Convenio 169, el Estado está obligado a aceptar procedimientos especiales para las comunidades en su territorio. ¿Por qué no le va a dar licencia comercial para trabajar en el lugar?”.

Según detalló, las multas superarían los tres millones de pesos.

“Estamos hablando de más de tres millones de pesos por vender tortas fritas. Es un despropósito”.

También advirtió que las sanciones podrían caer si prosperan las apelaciones en trámite.

Riesgo para el municipio

Sánchez planteó que, si el municipio ejecuta el desalojo y luego la Corte revoca la decisión, podría enfrentar demandas millonarias.

“Si llevan adelante un desalojo con todas las consecuencias que tiene y después la Corte le da la razón a la comunidad, le nace un derecho a reclamar daños y perjuicios. Son decisiones políticas, pero después hay que hacerse responsable”.

Recordó además que la comunidad ya inició una demanda por nueve millones de dólares por multas anteriores y embargos.

Diálogo abierto, pero sin acuerdo

Pese a la tensión judicial, el abogado aseguró que la comunidad mantiene la voluntad de diálogo con el intendente Javier Murer y autoridades municipales.

“La comunidad siempre está abierta a un acuerdo, a una convivencia que es lo más lógico”.

Según indicó, la propuesta contempla un reconocimiento recíproco: dominio municipal y ocupación tradicional de la comunidad, con controles administrativos acordados. Sin embargo, hasta el momento no hubo avances concretos.