PLANIFICACIÓN
Abogados contra la reforma del Código de Edificación: “jurídicamente objetable, económicamente inconveniente y socialmente regresiva”
La discusión por la modificación del Código de Edificación de Villa La Angostura sumó un nuevo capítulo.
La delegación local del Colegio de Abogados y Procuradores presentó una nota formal al presidente del Concejo Deliberante, Sebastián Raimondo, en la que manifiesta su "más firme oposición" al proyecto que modifica la Ordenanza N° 3302/2017 y restringe la documentación válida para acreditar el dominio de un inmueble al momento de iniciar expedientes en la Dirección de Obras Particulares.
El expediente, identificado como 11-P-2026, propone reemplazar el esquema actual —que admite distintos instrumentos para acreditar derechos sobre un inmueble— por un régimen mucho más restrictivo.
Desde el Colegio sostienen que la iniciativa podría afectar a cientos de vecinos que construyen o tramitan permisos sobre propiedades adquiridas mediante boletos de compraventa, sucesiones, cesiones de derechos o programas sociales.
Qué cambia el proyecto cuestionado
Actualmente, la normativa municipal permite presentar distintos documentos para acreditar la titularidad o la tenencia legítima de un inmueble al solicitar un permiso de obra.
Según detalla la nota enviada al Concejo Deliberante, el proyecto pretende derogar los artículos 1° y 2° de la Ordenanza N° 3302/17 y modificar el punto 3.4 del Código de Edificación, eliminando documentos hoy admitidos como:
Boleto de compraventa
Declaratoria de herederos
Cesión de derechos
Permuta
Certificados de juicio de escrituración o prescripción adquisitiva
Certificaciones de organismos competentes en planes sociales.
En su reemplazo, solo se aceptarían:
Escritura traslativa de dominio.
Certificación notarial de escritura en trámite con vigencia de seis meses.
Constancia judicial específica en casos de sucesión.
"La reforma es jurídicamente objetable, económicamente inconveniente y socialmente regresiva"
Ese es uno de los conceptos centrales de la presentación realizada por los abogados.
"Consideramos que esta reforma, tal como está proyectada, resulta jurídicamente objetable, económicamente inconveniente y socialmente regresiva para nuestra comunidad."
El documento desarrolla una extensa fundamentación dividida en tres ejes: jurídico, económico y social.
Los argumentos jurídicos del Colegio de Abogados
"Contradice el Código Civil y Comercial"
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que la ordenanza entraría en conflicto con normas nacionales.
La nota sostiene textualmente:
"Los artículos 1170 y 1171 del Código Civil y Comercial reconocen expresamente al comprador de buena fe por boleto de compraventa, con posesión y pago de al menos el veinticinco por ciento del precio, prioridad y oponibilidad frente a terceros."
A partir de ello, los abogados afirman que un municipio no puede desconocer administrativamente un instrumento reconocido por la legislación nacional.
Derecho de propiedad y vivienda
Otro de los puntos sostiene que la modificación afectaría derechos constitucionales.
"Restringir a la sola escritura inscripta la posibilidad de tramitar un permiso de obra equivale, en los hechos, a impedir el ejercicio regular del derecho de construir y mantener la vivienda."
Cuestionan la razonabilidad de la medida
Los abogados reconocen que el objetivo de otorgar mayor seguridad dominial puede ser válido, pero consideran que la herramienta elegida es excesiva.
"El fin declarado de la reforma, dar mayor certeza dominial, es legítimo, pero el medio elegido resulta desproporcionado."
Advierten que podría paralizar obras y afectar la economía local
En el apartado económico, la nota alerta sobre las consecuencias que tendría la reforma en una ciudad donde muchas operaciones inmobiliarias aún no cuentan con escritura definitiva.
Entre los puntos destacados se señala:
"La restricción proyectada paralizaría, de manera inmediata, un número relevante de expedientes en trámite y futuros ante la Dirección de Obras Particulares, con impacto directo sobre el sector de la construcción, los estudios de arquitectura, las gestorías y la mano de obra local."
También advierten que impedir la tramitación formal de permisos podría generar el efecto contrario al buscado.
"La imposibilidad de tramitar el visado previo por vía formal incentiva, como efecto no buscado, la construcción sin permiso municipal."
El impacto social que plantean los abogados
La presentación dedica un apartado completo a las consecuencias sociales de la iniciativa.
Entre ellas menciona que una parte importante de la población accede a la vivienda mediante loteos sociales, sucesiones familiares o boletos de compraventa.
"La reforma proyectada impactaría con mayor intensidad sobre los sectores de menores recursos y sobre las familias que habitan barrios populares o lotes de planes sociales, profundizando la inequidad en el acceso a la construcción formal y a la regularización edilicia."
El pedido al Concejo Deliberante
En el cierre de la nota, el Colegio de Abogados solicita expresamente al Concejo Deliberante tres medidas principales antes de avanzar con la reforma.
Los tres pedidos principales
El documento pide que el cuerpo legislativo:
"Rechace el proyecto de modificación en los términos en que ha sido presentado, o subsidiariamente lo reformule contemplando alternativas probatorias intermedias."
"Convoque, en forma previa a su tratamiento, a este Colegio de Abogados, al Colegio de Escribanos, al Colegio de Arquitectos y a las organizaciones vecinales y sociales."
"Establezca, en caso de avanzar con la reforma, un régimen de transición que resguarde los expedientes en trámite y contemple excepciones fundadas para situaciones de sucesión, planes sociales y otras de comprobada vulnerabilidad."
El debate continúa en el Concejo
La nota fue firmada por las abogadas Silvana Gordillo y Macarena Morsella, junto al abogado Guillermo A. Hensel, en representación de la delegación Villa La Angostura del Colegio de Abogados y Procuradores.