Sentaron precedente al echar a un empleado municipal y hay 8 empleados en jaque

El titulo fue uno más entre tantos: “Cesantearon a un empleado  municipal (leer la nota)…” . Pero la noticia tiene un peso que trasciende la edición de ese día: por primera vez el Municipio echó a un trabajador. No hay registro –al menos de esta década- de un hecho similar.

La decisión no fue del Ejecutivo, sino de la Junta de Admisión, Calificación y Disciplina (JACAD), el órgano integrado por los mismos empleados, concejales y Ejecutivo, que también por primera vez adquiere la relevancia que merece.

La JACAD confirmó la decisión en dos oportunidades y el Auditor Municipal avaló la resolución a través de dos dictámenes.

Por una cuestión política y de forma, el intendente no podía hacer caso omiso a lo dispuesto por la JACAD. Si no cumplía la resolución hubiera vaciado de poder el órgano, establecido por la Carta Orgánica Municipal. Además, internamente, habría dejado en outside a su propio viceintendente, quién votó a  favor de la cesantía del empleado.

Las circunstancias por las cuales el trabajador fue echado, son conocidas: el hombre reconoció en sede judicial que violó el domicilio de su vecina en horario laboral, pero antes había dado el presente en la dependencia municipal. La acción encuadra con lo que dispone el Estatuto municipal como causal para la cesantía. La JACAD lo único que hizo fue aplicar el Estatuto.

Actualmente hay 8 empleados municipales imputados por la presunta estafa a la comuna con el robo de combustible. Pero la lista podría llegar a 9 o 10.  Teniendo en cuenta el precedente, el escenario de la exoneración de todos los trabajadores involucrados aparece como un posibilidad cierta. 

Resta saber si la JACAD esperará la resolución de la justicia, que en virtud de la complejidad de la causa, puede tardar muchos meses.  No obstante, el órgano está facultado para decidir y resolver en base a la prueba existente.

(Paréntesis)

En el proceso judicial del empleado cesanteado–llegó a la audiencia de formulación de cargos, donde el hombre aceptó la culpa y accedió a la suspensión de juicio a prueba- el empleado estuvo representado por el concejal Guillermo Hensel. Su bloque fue juez en el proceso por el cual fue cesanteado. Durante las actuaciones del caso en la sede municipal , ¿Hensel también lo representó o lo asesoró?.

No es la primera vez que el abogado/concejal queda en la encrucijada “ética” profesional. Fue abogado y representante legal de Cerro Bayo durante siete años, incluso durante la tormentosa época en la cual la empresa impulsaba un mega desarrollo inmobiliario por fuera de la ley de bosques. El presidente de la empresa lo señaló como su “asesor” (leer nota).  También fue denunciado por un taxista de haber emitido voto sobre una licencia que debían otorgarle luego de un juicio –la rechazó-cuando en la actividad privada el concejal representaba a la otra parte que litigaba contra el taxista (Leer nota).

A diferencia de los arquitectos/funcionarios del área de Planeamiento, que tienen retención de título por incompatibilidad ética, los abogados/concejales no. Tampoco el asesor legal del Municipio.

De esta manera, la delgada línea entre la representación legal, asesoramiento y “gestiones” queda desdibujada.  ¿Sería insólito que aquellos abogados que quieran ser concejales o asesores legales del Municipio también tuvieran bloqueo de título? 

Sin embargo en el caso de Hensel el problema terminará en el 2019. La  Carta Orgánica establece que un concejal no puede ejercer más de dos períodos seguidos, por lo cual el abogado concejal no podrá integrar el próximo Concejo Deliberante, al menos como edil.

ESPACIO EDITORIAL/ DiarioAndino