Coparticipación: las cadenas de la opresión

La Defensoría del Pueblo y del Ambiente de la ciudad de San Martin, y más de cuarenta organizaciones políticas, culturales y sociales lograron organizarse para presentar un amparo judicial para que se cumpla con la coparticipación en los porcentajes que establece la ley. El martes 26 de abril la acción fue admitida, comenzando a desandar los andariveles judiciales, tras veintisiete años de injusta distribución, pero también de aceitada opresión.

Se pretende con esta medida judicial la revisión y el consecuente aumento de los índices de coparticipación estimados en unos sesenta y ocho millones de pesos mensuales para esa localidad.

La ley 2148 de "Régimen para la Coparticipación de Recursos a Municipios" fue sancionada en 1995 y estableció que la participación del conjunto de los Municipios en la masa coparticipable sea en un quince por ciento (15%). La distribución secundaria se realiza en un sesenta por ciento (60%) de acuerdo a la población del municipio entre otros parámetros. Ahora bien, el artículo N°11 crea una Comisión Ejecutiva Fiscalizadora del régimen establecido. Comisión, que jamás se conformó. Si los índices no se actualizan o se conforman de acuerdo a la realidad, la distribución es injusta y eso es precisamente lo que reclaman el Defensor del Pueblo y el ambiente y las organizaciones sociales y concejales que San Martin de los Andes mediante el recurso de amparo.

Por otra parte, una ley se modifica por otra ley; o por una sentencia judicial que la declare inconstitucional, restableciéndose el orden constitucional.

Pero también ocurren dos cuestiones fundamentales a tener en cuenta. La primera cuestión, es el presupuesto de cada municipio dentro del régimen de coparticipación, su planificación y el uso efectivo de recurso de acuerdo a las leyes vigentes.

 En nuestra ciudad, el presupuesto 2022, aprobado por Ordenanza N°3885/21, estableció la suma de mil cuatrocientos ochenta millones con quinientos treinta y un mil pesos con 19/00 centavos -$1.480.531.731,19- para gastos del ejercicio 2022, es decir que el Poder ejecutivo municipal tiene para gastar la friolera suma de pesos ciento veinte tres millones por mes -$123.000.000- por mes; y en el artículo tercero aprueba la cantidad de trescientos setenta y un agentes (371) a tenor del articulo N°222 de la COM.

 A casi cuatro meses de lo que va del año el Estado municipal lleva gastados la friolera suma de quinientos millones de pesos ($500.000.000), sólo en personal, que además se cuenta en un total de setecientos once -711- personas por todo concepto, es decir empleados de planta, contratados eventuales, monotributistas y planta política.

El Defensor del Pueblo y el Ambiente de San Martin de los Andes junto a distintas fuerzas lograron con esta medida abrir la discusión sobre la distribución de recursos coparticipables. La provincia, demanda en la acción judicial de amparo, se sirve de la diferencia entre lo que cada municipio recibe de la coparticipación y de lo que efectivamente recauda porque con ello aprieta las cadenas de la opresión. Cadenas que funcionan en los hechos como un verdadero collar que ahorca y pretende alinear voluntades.  Voluntades que se aunaron como en San Martin de los Andes para reclamar lo justo y ser libres de la opresión que ejerce el partido gobernante.   

GERARDO MINNAARD

DNI 16586613