Desalojaron parte de una propiedad usurpada y la propietaria cruzó duramente al juez y a los policías

Tal como adelantó esta mañana DiarioAndino, en el día de hoy se realizó un fuerte operativo de desalojo en el barrio El Pinar

El procedimiento judicial y policial, arrancó antes de las 07:00 horas y estuvo a cargo del Juez Civil local, Francisco Astoul Bonorino.   

Del mismo participaron numerosas dotaciones del grupo G.E.O.P. y efectivos provenientes de Junín de los Andes, San Martín de los Andes, destacamento Nahuel Huapi, Comisaría 28° de Villa La Angostura y otras unidades del interior de la provincia; oficiales de justicia, y prestando colaboración unidades de Bomberos Voluntarios, y funcionarios de Desarrollo Social, Zoonosis, Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes; ambulancias pública y privada contratada a la ocasión, médico, auxiliares y demás personas convocadas.

La damnificada que impulsara el desalojo, fue la vecina Marisa Elizabeth Martínez, quien desde finales del año 2018 viene reclamando y accionando en la justicia civil  por la restitución de su propiedad, (consistente en una casa, departamentos y local comercial), ubicada en calle Vargas altura numeral 800 del barrio El Mallín.

“Tras multiplicidad de obstáculos sorteados en la tramitación judicial, finalmente pasado un lustro se lograra proceder con la orden de desalojo, dándose cita en la rambla del hospital local a todos los actores mencionados, lográndose a su finalización, el cumplido parcial de la manda judicial que facultaba la dueña a recuperar la totalidad de su propiedad”, precisó el abogado de la vecina, Cristian Pettorosso.

Operativo “a medias”, enojo y acciones legales

Una vez finalizado el operativo, Marisa Martínez, sostuvo: “a pesar que fue restituida una parte de mi propiedad, estoy muy disgustada con el accionar de la policía, de los oficiales de justicia y también del juez Bonorino. Me dijeron una cosa dentro del juzgado y terminaron haciendo otra; me mintieron, y sin consultarme, desalojaron menos de lo que se había dispuesto por escrito en la sentencia de desalojo. Y quiero hacer público que durante el procedimiento no me permitieron tomar contacto inmediato con mi abogado de confianza, a quien se obligó a permanecer a más de cien metros del lugar, impidiéndosele ingresar y controlar lo que estaba pasando, resultando vulnerada en mi derecho de defensa”.  

Al respecto, Pettorosso agregó: que “si bien estamos medianamente satisfechos con el resultado del procedimiento que se prolongó por más de cuatro horas, pues se logró recuperar parte de la posesión del inmueble de mi clienta; es dable destacar que hubo serias irregularidades emanadas del personal policial jerárquico a cargo del operativo de ejecución y seguridad del desalojo, como así también por parte del oficial de justicia interviniente y hasta del propio juez, quienes, todos, a su turno, deberán rendir explicaciones y dar respuesta administrativa y jurisdiccional de sus de sus actos ante Asuntos Internos de la Policía y la Superintendencia del Tribunal Superior de Justicia; pues los responsables de todo lo que hicieron mal serán denunciados, empezando por el Comisario Inspector a cargo del operativo”.