Fotomultas: El auditor municipal confirmó que las irregularidades detectadas en el sistema de cobro se las informó a Murer, pero no tuvo respuesta

El Auditor Municipal, Pablo Requejo, explicó cuáles fueron las irregularidades que detectó en el sistema que utiliza el municipio para cobrar las multas de tránsito por exceso de velocidad que detectan los tres radares ubicados dentro del ejido.

En una entrevista realizada ayer en FM Andina, precisó que tras el trabajo realizado por su área, constató que "en base a la documentación que tengo en mi poder, noté que varias personas habían recibido fotomultas y cuando fueron a hacer el descargo, las mismas no figuraban dentro del sistema que tiene el Juzgado de Faltas".

Esto, según Requejo, serían unas 1.000 multas en las que se detectaron estas irregularidades (son más de 36.000 las infracciones labradas hasta la semana pasada). "Esta situación puede generar directamente para el municipio algún tipo de perjuicio ya que se estaría cobrando algo que no tiene documentación respaldatoria", dijo.

Consultado respecto de cómo se ingresan formalmente esos valores (la municipalidad se queda con el 35 % de lo recaudado, ya que el 60% va para la "Asociación sin fines de lucro" dueña de los radares y el otro 5% para la agencia de Seguridad) a los libros municipales si la documentación no está debidamente en regla, Requejo advirtió que "ahí se genera otro problema, que incluso puede ser muy engorroso para las cuentas de la comuna, porque esto tiene que ser totalmente transparente y aquí no lo es".

"El perjuicio es claro y ahora no se sabe cómo se recupera el dinero del contribuyente y si se le puede reintegrar. Con todo esto, he informado al Intendente Javier Murer y estoy a la espera de una respuesta para ver qué decisión toma", manifestó Requejo, que además confirmó que el tiempo legal para que Murer respondiera ya estaba vencido y por esa razón analizaba remitirle un "pronto Despacho".

Por último, Requejo afirmó: "estas irregularidades pueden terminar haciendo que se suspenda el contrato entre el municipio y la empresa dueña de los radares".