¿Deja vu? Cuando se desconoce la ley y se pretenden seguir la fiesta a costa de los vecinos contribuyentes

Es un “deja vu” escuchar a nuestro intendente pretender hacer como si todo vale, si la sociedad no tuviera memoria o si la administración que lleva adelante tuviera legitimidad en la toma de decisiones.

Reitero lo expresado en el mes de junio del año 2024, al solicitar la banca vecinal y realizar el planteo, que sigue siendo el mismo y que; volver a insistir con trasladar la inoperancia administrativa a los vecinos y turistas, haciéndonos creer que una “tasa vial” va a significar más o mejor infraestructura vial- en el contexto actual, parece una burla, o más bien, una falta de respeto a la ciudadanía.

En aquella oportunidad expresé lo que cito a continuación, en referencia a la inoportuna intención – reflejo de la obediencia debida al Sr Gobernador- que antes  y ahora parece pretender justificar el Poder Ejecutivo.

En primer lugar QUÉ, es decir, qué es lo que plantea el proyecto ingresado ante este Concejo Deliberante:

Pretende de forma ambigua y poco clara, tomando como “justificativo” los cambios en el escenario nacional, garantizar la continuidad del servicio de transporte público, el boleto estudiantil, entre otros, y así aplicar en nuestra ciudad una “tasa” vial.

Es necesario distinguir ambos términos:

La tasa es una contribución obligatoria para financiar un servicio público específico. Se trata de un tributo local aplicable sobre la explotación de actividades económicas, el disfrute de bienes o la realización de obras determinadas que sirven para cubrir los gastos necesarios para su gestión y mantenimiento.

El impuesto es una ley universal, como por ejemplo el IVA, Ingresos Brutos, entre otros, se entiende como un gravamen establecido por las administraciones públicas con fines recaudatorios. Está destinado al financiamiento del presupuesto general del Estado y tiene características propias: no está ligado a ningún servicio en particular sino que se usa para financiar todos aquellos programas requeridos por la sociedad.

También podemos analizar las similitudes entre las palabras tasa e impuesto.

Ambos términos se refieren a cargas fiscales o por servicios que los ciudadanos deben pagar al gobierno. Las tasas, sin embargo, generalmente se cobran para financiar una actividad específica relacionada con la prestación de un servicio común como la recolección de residuos; mientras que los impuestos, normalmente se perciben para cubrir gastos generales del gobierno en áreas tales como educación, justicia, seguridad, salud y defensa nacional. 

Luego, el CÓMO se piensa hacerlo  o llevarlo adelante. Les invito a leer el proyecto, a tener una gran imaginación y ser algo adivinos, para entender la inexplicable forma que se indica. Es decir, cómo se va a hacer efectivo el traslado de los fondos (que son cobrados por las expendedoras habilitadas), que serían los “responsables de liquidar e ingresar, en carácter de “responsables sustitutos” el importe recaudado, indica que éstos tienen que informarlo, o presentar movimientos de sus ventas, expresando que la Secretaría de Hacienda establecerá un “régimen de información”, lo cual convierte a la MVLA en una especie de AFIP, sabiendo que no corresponde una “doble imposición”, en este caso más bien una “triple” imposición… basta con chequear un ticket , surge a las claras que cada litro de combustible tiene en su precio final una carga impositiva enorme y que es percibida por el Gobierno Nacional.

Insisto, no queda en absoluto claro cómo se va a implementar o aplicar esta dinámica confiscatoria y perversa que por cierto, según la información que poseo, NO se ha aprobado en la ciudad de Chos Malal, en San Martin de los Andes se ha presentado un planteo de inconstitucionalidad, en la ciudad de Neuquén el gobierno ha frenado su aplicación… por citar algunos ejemplos. Hay numerosos reclamos de vecinos, instituciones intermedias y organizaciones expendedores de combustibles, que rechazan la medida.

Finalmente, el PARA QUÉ, es decir, la finalidad u objetivo que se persigue con esta imposición inconstitucional.

Se supone -cito textual los considerandos- que es “para poder garantizar la continuidad del transporte público… para que costo del boleto pueda ser afrontado por el común de la sociedad…que se logra reducir el costo del boleto…” y lo más absurdo, expresa que “el esfuerzo para que las tarifas sean accesibles debiera ser en conjunto entre los vecinos y la Municipalidad”, y al último dice que “todos los usuarios de la red vial deben aportar para su mantenimiento, conservación, modificación, señalización y/o mejoramiento”.

Queda claro que de lo único que se trata es de trasladar la inoperancia, el despilfarro, la desidia y el déficit existente a todos los vecinos y usuarios.

¿Se cuentan con datos ciertos de qué cantidad de personas utilizan el transporte público? ¿Cuántos de ellos son estudiantes? ¿Se analizaron las consecuencias, por ejemplo, es muy posible que se incremente la tarifa del transporte de taxis, lo cual vuelve a incidir negativamente en los usuarios que no cuentan con auto propio y  tienen que trasladarse por las distancias propias de nuestra ciudad y por las condiciones climáticas?

¿Se ha pensado en cobrar efectivamente las cuadras asfaltadas y/o adoquinadas? Existe una verdadera planificación sobre la organización del tránsito vehicular en la zona céntrica y en los alrededores? Solamente para formular algunos interrogantes. 

Además, pagamos mes a mes por patentes, creo que es notorio el incremento de la cantidad de vehículos que tributan y por supuesto, ya pagamos por mantenimiento de calles, que reitero SI es una TASA.

No hay dudas entonces, que esta supuesta “tasa”, no reviste la categoría de contraprestación o servicio a los vecinos, sino que plantea seguirle trasladando a la ciudadanía los gastos que a nivel local se realizan, sin tener de ninguna manera un plan o proyectos concretos, sin pensar ni siquiera por un minuto, cuánto es lo que se dispone (ingresos), cómo administrarlo de manera eficiente y cómo generar estrategias para de reducir, priorizar y ordenar los gastos, para lograr salir del déficit histórico y de la dependencia del gobierno provincial, que – paradójicamente- según sabemos por noticias recientes, ha incrementado sustancialmente el dinero que envía en concepto de “coparticipación”.  

Ni antes ni ahora hay consenso para aplicarla. No escuchamos ningún argumento que la avale, respalde o justifique. Parace ser una especie de bajada de línea, de orden tal capataz de estancia por parte del Gobernador. Queda en ustedes – Sr Intendente, Sra ViceIntendente y Sres Concejales- actuar con coherencia, responsabilidad, sentido común y como hacedores de una gestión municipal que involucra a todos, a uds como elaboradores de ordenanzas, al Ejecutivo que las lleva adelante y a nosotros, vecinos, que somos contribuyentes y usuarios, entre todos tenemos que tomar conciencia de lo público, de lo que es de todos y parece ser de nadie.

Hoy ustedes están en una  función pública, con el dinero que aportamos ustedes y toda la administración municipal. Sus sueldos, viáticos, gastos, contrataciones, decisiones de “regalar” tierra municipal a la Provincia -para citar ejemplos- afectan a los vecinos e implican administrar “lo público”, lo que nos pertenece a todos.

Sean razonables, sean oportunos. Hoy no es el momento de sobrecargar a la sociedad, sin antes hacer por parte de quienes están a cargo de la Municipalidad, un real esfuerzo de administrar, utilizar con eficiencia y optimizar los ingresos municipales.