Traful: cesantean a médico por abuso

El Gobierno de la provincia del Neuquén oficializó la cesantía de un médico que se desempeñaba en el centro de salud de Villa Traful, tras comprobarse en un sumario administrativo su responsabilidad en hechos de acoso y abuso sexual.

La medida se concretó mediante decreto firmado por el Ejecutivo provincial, en el marco de la política de “tolerancia cero” impulsada por la gestión de Rolando Figueroa.

Las denuncias y la investigación

El profesional fue identificado como Marcelo Ignacio Fernández, quien cumplía funciones como médico clínico en el centro de salud local, dependiente del hospital de Villa La Angostura.

Según consta en el expediente, el 5 de marzo de 2024 la Subsecretaría de Salud ordenó su investigación por presunto acoso verbal, abuso sexual y violencia de género contra tres compañeras de trabajo.

La instructora del sumario consideró “comprobada” la responsabilidad administrativa del médico en los episodios denunciados.

Testimonios contundentes

En la documentación oficial se detallan conductas reiteradas como:

“Acercamientos inoportunos, realizar masajes y/o tocamientos no consensuados del pelo, hombros y cuello, comentarios referentes al cuerpo y vestimenta”.

Algunos testigos también relataron comportamientos de connotación sexual dentro del ámbito laboral.

Una de las denunciantes declaró que no podía dormir por miedo a cruzarse con el profesional, señalando que este la tocaba sin su consentimiento pese a que ella le pedía que se detuviera.

El expediente además dejó constancia de que otras mujeres de la localidad manifestaron sentirse acosadas o inseguras ante su presencia.

Intervención judicial y medidas preventivas

En paralelo al sumario administrativo, las víctimas iniciaron actuaciones judiciales en el Juzgado de Villa La Angostura. En ese marco, se dispusieron medidas de prohibición de acercamiento y de comunicación, además de acciones orientadas a proteger a las denunciantes.

Desde la administración provincial indicaron que la cesantía busca preservar la integridad del ámbito laboral y enviar un mensaje claro respecto a conductas incompatibles con la función pública. respuesta ante denuncias de acoso en el ámbito estatal.