Los Lofs Melo y Kinxikew ratificaron que resistirán el desalojo y su abogado cuestina el procedimiento

El conflicto por el desalojo mapuche en Villa La Angostura sumó un nuevo capítulo tras la orden dictada el pasado 30 de marzo por el juez Francisco Astoul Bonorino, titular del Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería local.

La medida alcanza a las comunidades Lof Melo y Lof Kinxikew, que desde hace años mantienen un litigio territorial. Mientras la Justicia avanzó con el procedimiento, la defensa técnica y las autoridades mapuche denunciaron irregularidades y advirtieron que no abandonarán el territorio.

La defensa cuestiona la legalidad del procedimiento

El abogado Luis Virgilio Sánchez, integrante de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, calificó el desalojo como “improcedente e ilegal”.

Según explicó, el magistrado habría dispuesto la medida de manera reservada, lo que —a su criterio— vulnera el derecho de defensa de las familias. Además, denunció una supuesta “actividad irregular” en el manejo del expediente, incluyendo demoras en resolver una medida cautelar clave.

“Se dilata la resolución de la cautelar y se avanza para concretar un desalojo que la volvería abstracta”, sostuvo el letrado.

En ese marco, la defensa solicitó:

La nulidad de las actuaciones posteriores al 11 de marzo de 2026

La suspensión inmediata del desalojo

La unificación de causas judiciales para evitar resoluciones contradictorias

Aunque el planteo de nulidad fue rechazado, Sánchez remarcó que la orden “no está firme”, por lo que no podría ejecutarse de inmediato.

El rol de la Justicia y la normativa indígena

En su resolución, el juez reconoció la vigencia de normas clave como el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT, que establecen derechos específicos para los pueblos originarios.

También señaló que la Ley 23.302 se encuentra plenamente vigente. Sin embargo, decidió avanzar con la integración del Estado Nacional y Provincial al proceso.

Esta medida implica: Notificar a autoridades provinciales y nacionales, otorgar plazos de respuesta (17 y 38 días respectivamente) y postergar una definición de fondo sobre la titularidad del territorio

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Para la defensa, esta decisión funciona como una estrategia dilatoria, ya que paraliza el tratamiento de fondo mientras el desalojo podría avanzar por otra vía.

Versiones cruzadas sobre la suspensión del desalojo

Algunas versiones atribuyeron la demora en la ejecución a la falta de apoyo de fuerzas de seguridad. Sin embargo, tanto la defensa mapuche apunta que las resoluciones no están firmes y que existen cuestionamientos procesales pendientes

Comunidades mapuche: “Vamos a resistir”

Desde el territorio, las comunidades reafirmaron su postura. En una conferencia realizada en el Lof Kinxikew, las autoridades mapuche se declararon en estado de resguardo permanente.

La lonko Amancay Quintriqueo sostuvo que la ocupación tiene base histórica: “Estuvimos siempre acá (…) desde 2011 enfrentamos intentos de desalojo”.

Por su parte, el lonko Lucas Melo remarcó la existencia de documentación oficial que respalda su permanencia:

“Tenemos pruebas de preexistencia y reconocimiento del Estado”.

Las comunidades también vincularon el conflicto con la defensa ambiental, señalando que el territorio incluye cuencas de agua y zonas periglaciares estratégicas.

Un conflicto abierto y sin resolución inmediata

El escenario sigue abierto. Mientras la Justicia avanza en un proceso complejo que involucra a múltiples actores estatales, las comunidades mapuche mantienen su postura de no abandonar el territorio.

El caso refleja tensiones estructurales en torno a: los Derechos indígenas, la propiedad de la tierra y los intereses económicos y ambientales

En este contexto, cualquier avance en el desalojo podría escalar el conflicto, especialmente ante la advertencia explícita de las comunidades: resistirán la medida.