Interminable: continúan los retrasos con los contratos municipales

Los retrasos en la formalización y pago de contratos municipales continúan generando preocupación entre contratados y prestadores externos de la municipalidad de Villa La Angostura. La situación, que comenzó a hacerse visible con fuerza durante mayo, todavía no logra normalizarse en distintas áreas de la Municipalidad.

El problema no es nuevo. Desde hace meses, distintos contratados vienen esperando que sus convenios completen el circuito administrativo necesario para poder facturar y, posteriormente, cobrar por los servicios prestados.

Cabe recordar que meses atrás, la situación había generado incluso medidas de fuerza entre trabajadores vinculados al área de Cultura, quienes reclamaron por la demora en la regularización de sus contratos y el pago de sus haberes.

Con el correr de los meses, el inconveniente también alcanzó a prestadores externos, que dependen de la aprobación de sus contratos para poder emitir las correspondientes facturas y avanzar con el cobro.

Un circuito que puede extenderse durante meses

Según la explicación brindada desde el Ejecutivo municipal, los contratos deben atravesar actualmente distintas instancias antes de que el prestador pueda facturar.

El procedimiento comienza con la emisión del contrato por parte del área municipal correspondiente. Posteriormente, el expediente pasa a Auditoría, donde se realiza la revisión.

Una vez superada esa instancia, el contratado debe realizar el sellado correspondiente en Rentas. Recién después de completar ese paso queda habilitado para emitir la factura por el servicio prestado.

El inconveniente se produce cuando los expedientes quedan demorados durante la etapa de revisión, generando un efecto en cadena que termina postergando tanto la formalización como la posibilidad de cobrar.

La explicación del Ejecutivo: contratos trabados en Auditoría

Desde el Ejecutivo municipal sostienen que buena parte de los expedientes continúan demorados en Auditoría, en un contexto marcado además por las diferencias que mantiene la gestión con el Concejo Deliberante.

La explicación es similar a la que había sido brindada meses atrás, cuando comenzaron a aparecer los primeros reclamos: los contratos atraviesan controles y revisiones antes de poder avanzar hacia las siguientes etapas administrativas.

El argumento oficial apunta a que el objetivo es evitar que se incorporen contrataciones que no cumplan con los requisitos establecidos y garantizar que cada expediente tenga el respaldo administrativo correspondiente.

Sin embargo, para quienes dependen de esos contratos, la demora tiene una consecuencia concreta: sin contrato aprobado y sin completar el procedimiento administrativo, no pueden facturar ni cobrar.

El antecedente que endureció los controles

El actual esquema de revisión tiene como antecedente una situación que generó fuertes cuestionamientos dentro de la propia estructura municipal.

En noviembre del año pasado, la Auditoría Municipal quedó en el centro de la polémica por la contratación de un supuesto asesor legal que no contaba con título de abogado. El episodio tomó estado público y derivó posteriormente en una denuncia por presunto incumplimiento de funciones contra la auditora municipal.

A partir de aquel episodio, los controles sobre los procedimientos de contratación se volvieron considerablemente más rigurosos.

La intención declarada fue evitar nuevas irregularidades, pero el endurecimiento de las revisiones también comenzó a generar un problema diferente: expedientes que permanecen durante largos períodos sin resolución y prestadores que esperan para poder cobrar.

Entre el control y la demora

El conflicto plantea así una tensión entre dos objetivos que deberían poder convivir dentro de cualquier administración pública: garantizar controles adecuados y, al mismo tiempo, asegurar que los procedimientos administrativos sean eficientes.

La revisión de los contratos resulta necesaria para garantizar transparencia y legalidad en el uso de recursos públicos. Pero cuando esos controles generan demoras prolongadas, el costo termina trasladándose a trabajadores, docentes y proveedores que ya realizaron —o tienen comprometidos— sus servicios.

Mientras el Ejecutivo busca destrabar los expedientes pendientes, la situación continúa abierta en distintas áreas municipales y vuelve a poner en discusión el funcionamiento del circuito administrativo de contrataciones.

Por ahora, la respuesta oficial sigue siendo la misma: "los contratos están trabados en la instancia de Auditoría y deben completar las revisiones antes de continuar su recorrido".

El interrogante que permanece es cuándo podrá normalizarse el circuito para quienes llevan meses esperando una definición y, en muchos casos, también el pago por trabajos que ya fueron realizados.