Comunidad Kinxikew: Denuncian que la orden de desalojo omitió intervención de la Defensoría del Niño y planean su nulidad
En un conflicto que enfrenta a la justicia de Villa La Angostura con comunidades mapuche, el abogado Luis Virgilio Sánchez, representante legal del Lof Kinxikew, presentó un recurso contra el desalojo ordenado por el juez Francisco Astoul Bonorino. El eje del planteo es la supuesta omisión de la intervención de la Defensoría de Niños, tal como lo exige la legislación vigente.
El caso afecta a familias del Lof Kinxikew y Lof Melo, asentadas en el territorio desde fines del siglo XIX. La medida judicial ordenaría su desalojo sin haber garantizado los derechos de niños y adolescentes, según denuncia Sánchez.
Graves acusaciones contra el magistrado
Sánchez alertó que el juez no dio participación al Ministerio Público, encargado de velar por los derechos de menores. “Un juez no puede avanzar con una orden de desalojo sin cumplir con este paso fundamental”, subrayó.
Además, denunció que Bonorino "intenta ejecutar la medida antes de que la Cámara se expida sobre nuestra apelación", lo cual podría considerarse una vulneración al debido proceso.
Cruce de acusaciones y clima de tensión judicial
La tensión escaló cuando el juez amenazó con denunciar al abogado ante el Colegio Público de Abogados, acusándolo de utilizar recursos legales reiterativos. Sánchez respondió duramente: “Me acusa por defender los derechos de niños mapuche, mientras él incumple la ley”.
Este enfrentamiento se da en medio de un contexto delicado, donde la intervención estatal para el traslado de menores no está debidamente coordinada, según lo establece la propia resolución judicial.
Una comunidad en riesgo: territorio, cultura y derechos
Las comunidades Kinxikew y Melo sostienen una vida en armonía con la tierra, donde la economía gira en torno a la crianza de animales y agricultura familiar. Las mujeres lideran el cultivo y abastecimiento local, promoviendo la autosustentabilidad.
El conflicto pone en juego no solo el derecho a la tierra ancestral, sino también el bienestar de los niños y adolescentes de las comunidades.
¿Puede anularse el desalojo?
La presentación judicial incluye un pedido de nulidad del desalojo, con base en la omisión de garantías establecidas por normas nacionales e internacionales. Si la Cámara le da lugar, se abriría un precedente clave sobre cómo deben tratarse los desalojos que involucran comunidades indígenas y menores de edad.