La provincia avanza con el narcotest a funcionarios: qué cargos abarca y qué sanciones se evalúan

La Legislatura de Neuquén se prepara para dar el primer paso hacia la aprobación de una ley que establecerá controles toxicológicos obligatorios para políticos, jueces, fiscales y policías. El debate avanza en la comisión de Desarrollo Humano, aunque persisten diferencias sobre la periodicidad, quién asumirá el costo de los estudios y qué sanciones se aplicarán en caso de resultados positivos.

Cinco proyectos unificados

La propuesta inicial surgió del gobernador Rolando Figueroa, quien planteó en la apertura de sesiones la necesidad de implementar narcotest voluntarios y aleatorios como parte de la lucha contra el narcomenudeo. Con el paso de los meses, la iniciativa se transformó en un borrador unificado de cinco proyectos que plantea que los test sean obligatorios, periódicos y aleatorios.

A quiénes alcanzará

El alcance de la ley sería amplio:

Poder Ejecutivo: gobernador, gabinete, presidentes de entes, directores provinciales y fiscal de Estado.

Poder Judicial: jueces, fiscales, consejeros de la magistratura y demás funcionarios sin restricción de área.

Fuerzas de seguridad: policías, personal penitenciario y fiscales que investiguen narcotráfico.

También se evalúa exigir el examen a candidatos en elecciones provinciales y municipales, aunque no hay consenso sobre si será obligatorio para todos o solo para los primeros puestos de las listas.

Sustancias a detectar

El examen incluiría la detección de sustancias psicoactivas no prescriptas, entre ellas alcohol, cannabis, cocaína, fentanilo, heroína, ketamina y alucinógenos.

Sanciones y procedimiento

El Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación y, ante un resultado positivo, evaluará si se trata de un consumo ocasional, dependencia o una prescripción médica no declarada. El borrador prevé:

Contraprueba en caso de primer positivo.

Posibles sanciones: suspensión, sanción administrativa o remoción del cargo.

El debate por el costo

Uno de los puntos más discutidos es el financiamiento. Se analiza si los estudios se harán en laboratorios públicos o privados y si los pagará el Estado o cada funcionario. También hay preocupación por evitar que se convierta en un negocio concentrado en pocas empresas.