Tensión entre el Ejecutivo y el Concejo por un pedido de ordenanza para "acomodar" contrataciones irregulares heredados de Stefani

Un expediente iniciado el 5 de septiembre de 2023 con la firma del entonces intendente Fabio Stefani y del presidente del Concejo Deliberante de ese momento, Walter Spíndola, volvió a generar polémica en Villa La Angostura.

El documento detalla contratos de alquiler de maquinaria pesada con la empresa Crexel, suscriptos entre abril y junio, por montos que superan los 41 millones de pesos mensuales.

Según consta en el expediente, en abril de ese año se alquilaron una retroexcavadora, una pala cargadora, una batea y un camión volcador, y se estableció que “el locador recibirá como contribución por la prestación de los servicios la suma de 41.090.000 pesos”, de los cuales la Provincia abonó 22.900.000 pesos y el resto sería cubierto por el municipio.

Sin embargo, los contratos de mayo ( otros $ 41.150.748) y junio de 2023 ($ 34.994.990) presentan diferencias en las cláusulas y carecen de firmas de funcionarios responsables, lo que genera dudas sobre su validez.

El propio expediente detalla que “todos los documentos figuran sin firma de responsable alguno, ni certificación de los servicios prestados”.

El reclamo de Crexel y la presión de Economía

A partir de esos contratos, la empresa Crexel presentó un reclamo para cobrar la deuda de capital que el municipio mantiene hasta hoy.

El secretario de  Hacienda y Modernización, Pablo Cabrera, tomó intervención en el caso y envió varias notas al Concejo Deliberante solicitando un marco legal que permita autorizar el pago y regularizar la situación contractual.

En un memorándum interno del 5 de agosto de 2024, dirigido a la Comisión 1 del Concejo, Cabrera expresó textualmente que:

“Resulta necesario señalar que el objeto del expediente de referencia es solicitar que el Concejo Deliberante asuma expresamente las responsabilidades económicas que pudieran derivarse de esta decisión”.

La propuesta del Ejecutivo busca que el Concejo emita una ordenanza que “autorice al Departamento Ejecutivo a admitir los contratos, decretos, autorizaciones de gastos, facturación y pagos” vinculados al reclamo de Crexel.

El Concejo advierte que sería ilegal

Desde el Concejo Deliberante, las reacciones no se hicieron esperar.
Un proyecto de resolución en tratamiento sostiene que la petición del secretario Cabrera “implicaría una violación directa a la Carta Orgánica Municipal”, al pretender regularizar actos administrativos nulos de origen.

El texto de la resolución enfatiza que:

“El expediente, y en particular la exigencia del secretario de Hacienda, pretenden la emisión de un acto administrativo —una ordenanza— que convalide contratos y pagos realizados en franca violación a la Carta Orgánica Municipal”.

Los concejales recordaron que la Carta Orgánica, en su capítulo sobre Contrataciones, Adquisiciones y Concesiones, dispone que “toda contratación debe efectuarse de acuerdo a ordenanzas que aseguren la imparcialidad, la igualdad de oportunidades y la publicidad de los procedimientos”.
Por ello, señalaron que los contratos observados “no cuentan con certificaciones, ni decretos firmados, ni respaldo legal alguno”.

El informe del auditor municipal

El auditor municipal también intervino en el expediente y fue contundente.
En su dictamen, sostuvo que “a simple vista se advierte que el acto de contratación no cumplió desde el principio con los procedimientos indicados por la Carta Orgánica Municipal”.

El informe agrega que no existen autorizaciones de gasto firmadas, ni constancias de los servicios efectivamente prestados, ni resoluciones que aprueben la contratación de Crexel.

Esto, en términos jurídicos, anula la validez administrativa de los contratos y deja sin sustento cualquier intento de pago por parte del municipio.

Riesgos legales y políticos

En su análisis final, los concejales advirtieron que acceder al pedido del Ejecutivo “podría encuadrarse en un incumplimiento de los deberes de funcionario público”, ya que implicaría convalidar actos administrativos ilegales.

“Si aprobamos una ordenanza en ese sentido, estaríamos generando —o mejor dicho, autorizando— un procedimiento ilegal sobre hechos irregulares consumados”, señala el texto del proyecto.

Por esa razón, el Concejo Deliberante se encamina a rechazar la solicitud del Ejecutivo, evitando asumir responsabilidades sobre decisiones tomadas en una gestión anterior que, según los dictámenes, carecen de respaldo legal.

Una disputa institucional abierta

El conflicto entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante de Villa La Angostura continúa abierto.

Mientras la Secretaría de Economía busca un mecanismo que permita saldar la deuda con Crexel y evitar un posible litigio judicial, los concejales insisten en que la prioridad es respetar la legalidad y la transparencia institucional.

“No se puede reparar una irregularidad cometiendo otra. Si hubo errores administrativos, deberán dirimirse por los canales legales correspondientes”, concluyó una fuente legislativa consultada.