Tierras en Brazo Huemul: los Lof Melo y Quintriqueo llevaron su reclamo a la Casa de Gobierno

Miembros de las comunidades mapuche Quintriqueo y Melo se manifestaron frente a la Casa de Gobierno de Neuquén luego de recibir la notificación oficial sobre la orden de desalojo de las tierras que ocupan en Brazo Huemul, a ejecutarse el 19 de mayo. La medida judicial, que les llegó el pasado viernes,  les exige abandonar el territorio en un plazo de cinco días hábiles.

Desde la Confederación Mapuche del Neuquén explicaron que el desalojo fue dictado por el juez subrogante Bonorino, en el marco de una ejecución de sentencia impulsada por una particular, y que la causa aún se encuentra bajo revisión en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Reclamo ante la CIDH y pedido de intervención del Gobierno

Durante la manifestación, la lonko Verónica Amancay expresó:

“Vinimos a esta Casa de Gobierno para exigir que no actúen contra nuestras comunidades. Solo el Gobierno puede frenar el desalojo”.

Junto a ella, Lucas Melo confirmó que ya se presentó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de proteger el derecho de las comunidades a permanecer en su territorio, bajo el principio de preexistencia de los pueblos originarios.

Reconocimiento oficial del INAI y pronunciamiento del Gobierno provincial

En 2023, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconoció que el Lof Kinxikew ocupa esas tierras de manera tradicional, pública y actual. Además, la comunidad cuenta con personería jurídica desde 2006.

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Por su parte, el ministro de Gobierno Jorge Tobares respondió al reclamo señalando que debe considerarse el interés superior de niños y adolescentes, la ley provincial 2302 y una perspectiva intercultural antes de ejecutar cualquier medida.

“El cumplimiento de una orden sin contemplar a las infancias mapuches implicaría una regresión en derechos”, afirmó Tobares.

También propuso conformar una mesa de diálogo con mediación oficial y evaluar la situación social de las familias mediante equipos interdisciplinarios, algo que, según las comunidades, aún no ocurrió.

Hechos nuevos en la causa podrían frenar el desalojo

El abogado de las comunidades, Luis Virgilio Sánchez, presentó un escrito ante la Justicia neuquina donde denuncia que no se cumplieron los pasos exigidos por la ley 2302, como evaluaciones sociales y mecanismos de diálogo previos.

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“El juez Bonorino ordenó el desalojo sin garantizar ninguno de esos pasos”, remarcó Sánchez, quien también solicitó la suspensión inmediata del operativo.

Además, apuntó que el propio fallo judicial contiene acusaciones personales contra su persona, lo que podría configurar un acto de hostigamiento institucional.

Un conflicto que combina reclamos territoriales, derechos humanos y tensiones políticas

El caso vuelve a poner en foco el debate sobre el reconocimiento territorial de las comunidades indígenas en Neuquén, en un contexto judicial sin sentencia firme. Mientras tanto, la posibilidad de un desalojo sin protocolos adecuados eleva el nivel de tensión y movilización de las comunidades, que insisten en un diálogo institucional urgente para evitar nuevos hechos de violencia.