La defensa de Ramiro Fernández pidió 1 año y 6 meses de prisión condicional y trabajos comunitarios

Durante la audiencia de alegatos finales en el juicio por estafas inmobiliarias que sacudió a Villa La Angostura, la defensa del imputado Ramiro Fernández solicitó una pena de un año y seis meses de prisión de cumplimiento condicional, es decir, sin encierro efectivo, respaldada por un detallado alegato en el que se destacó el comportamiento procesal del acusado, su admisión de responsabilidad y su voluntad de reconstrucción personal.

El abogado defensor subrayó desde el inicio que Fernández reconoció su responsabilidad penal, tanto en el acuerdo con la fiscalía como en su declaración, y que el debate actual se centra exclusivamente en cuál debe ser la pena.

“Fernández ya cumplió un año y dos meses de prisión preventiva. No es un dato menor”, remarcó el defensor, quien luego enfatizó que su cliente siempre se mantuvo a derecho, se presentó espontáneamente a la justicia apenas interpuesta la denuncia, y colaboró en todo momento con el proceso.

Un camino de reconstrucción desde el encierro

Durante la audiencia, la defensa relató cómo el acusado, en medio de una situación emocional compleja y bajo medidas de coerción, logró conseguir empleo desde prisión preventiva, cumpliendo sus obligaciones laborales y familiares, como el pago de la cuota alimentaria de su hija.

“Se levantaba a las 5 de la mañana, con tobillera electrónica, y viajaba más de 100 km para trabajar en el sector petrolero. Nunca llegó tarde. Nunca fue sancionado. Con ese dinero alquiló una casa para que su hija pudiera visitarlo”, describió el defensor.

La defensa presentó también el testimonio de empleadores que confirmaron haber contratado a Fernández pese a su situación judicial, y que expresaron estar conformes con su desempeño laboral.

Reparación, arrepentimiento y diferenciación de víctimas

Otro eje del alegato fue la reparación económica parcial a algunas víctimas, según afirmó la defensa, e incluso mencionó que hubo casos en los que los damnificados recuperaron la totalidad de lo invertido.

También se destacó que si bien hubo víctimas que vieron frustrados proyectos habitacionales, otras tenían como objetivo principal obtener una alta rentabilidad en dólares, lo que —según el defensor— “debe ser considerado al momento de individualizar la pena”.

En ese sentido, el abogado hizo una diferenciación entre el delito y el castigo:

“No venimos a pedir tormentos ni que se pudra en la cárcel. Venimos a proponer una pena justa, que no destruya el camino de reinserción que él mismo decidió construir desde la prisión”, sostuvo.

El pedido final de la defensa

La solicitud concreta de la defensa fue que la pena impuesta sea de un año y seis meses de prisión condicional, con sujeción al Patronato de Liberados, la realización de trabajos comunitarios y capacitaciones obligatorias, como parte del proceso de reinserción social del acusado.

“Esta es la decisión: si lo enviamos a prisión efectiva, se corta todo ese proceso que él mismo inició. ¿Qué sentido tiene castigar a quien está haciendo lo que el sistema penal espera de él?”, cerró el abogado defensor.