Debaten sanciones y destitución para funcionarios de que den positivo en los exámenes toxicológicos

Un paso firme hacia la transparencia institucional

La Legislatura de Neuquén avanza con un proyecto que establece controles toxicológicos obligatorios para todos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado. La iniciativa, aprobada en la Comisión de Desarrollo Humano y Social, busca garantizar que quienes toman decisiones de alto impacto lo hagan libres de consumo de drogas.

La medida apunta a fortalecer la responsabilidad institucional y a responder a una creciente demanda ciudadana de transparencia. Según la propuesta, los exámenes deberán realizarse una vez al año y de forma sorpresiva, y serán financiados por los propios funcionarios.

¿Qué ocurrirá si un funcionario da positivo?

Uno de los puntos más sensibles del proyecto es el régimen de sanciones:

• Suspensión inmediata sin goce de sueldo en caso de un primer resultado positivo.

• Remoción del cargo, si la contraprueba confirma el consumo de drogas.

Algunos legisladores, como Marcelo Bermúdez (PRO–NCN), propusieron eliminar la suspensión intermedia y aplicar destitución directa, mientras que otros advirtieron posibles conflictos con la Constitución Provincial si no se garantiza el debido proceso.

Incorporación de exámenes psicotécnicos

Durante el debate, legisladores como Brenda Buchiniz (Cumplir) plantearon sumar evaluaciones psicotécnicas obligatorias para reforzar la idoneidad de los funcionarios. Esta propuesta será analizada en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, donde también se resolverán discrepancias sobre plazos y alcances.

Alcance de la medida

La normativa contempla a:

Gobernador, ministros y secretarios de Estado.

Diputados y funcionarios legislativos.

Miembros del Tribunal Superior de Justicia, jueces, fiscales y defensores.

Integrantes del Tribunal de Cuentas y del Consejo de la Magistratura.

Inicialmente, se había considerado incluir candidatos y rangos menores, pero finalmente se limitó a funcionarios en ejercicio, con facultades al Ejecutivo para designar la Autoridad de Aplicación.