Dos funcionarios de primera línea persisten en incumplimientos de una ordenanza

Dos funcionarios del gabinete municipal llevan más de dos meses sin responder a dos pedidos de acceso a la información pública realizados por Diario Andino, a pesar de que la Ordenanza 1969 fija un plazo máximo de 10 días hábiles para dar respuesta.

El pasado 23 de junio, este medio ingresó por mesa de entradas dos solicitudes formales. Una dirigida al secretario de Turismo, Ignacio Robert, para conocer detalles sobre la habilitación de una hostería en la península de Puerto Manzano ( caso investigado por este medio que reveló una sucesión de irregularidades). La otra destinada a la Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas, a cargo de Andrea Aldea, solicitando información sobre las multas aplicadas por Medioambiente en lo que va del año.

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Desde entonces han transcurrido dos meses en tiempo real —45 días hábiles — sin que ninguno de los funcionarios haya emitido siquiera una nota formal justificando la falta de respuesta. El silencio no solo vulnera un derecho ciudadano básico, sino que configura una violación abierta a la normativa vigente.

Ordenanza incumplida

La Ordenanza 1969 es clara: toda información pública debe estar disponible y organizada para su acceso, y la administración cuenta con un plazo máximo de 5 días hábiles, prorrogables por otros 5 en casos excepcionales y justificados.

Lejos de respetar la norma, Robert y Aldea han ignorado los plazos, negando de hecho el acceso.

Esta práctica profundiza las sospechas de un blindaje oficial en torno a casos sensibles, ya sea para proteger intereses privados o evitar exponer irregularidades.

Si bien el caso claramente configura un incumplimiento tal que habilita claramete a la Auditora Municipal a intervenir en el hecho, por el momento no hay ninguna novedad al respecto.

Sanciones previstas

La misma ordenanza contempla sanciones contra los funcionarios que obstruyan el acceso a la información: desde suspensiones de 10 a 30 días sin goce de haberes si se niega la entrega sin causa, hasta sanciones menores si la información se entrega tarde o incompleta. La aplicación de estas medidas recae en el Viceintendente, según lo estipulado en la Carta Orgánica Municipal.

Un patrón de opacidad

En gestiones anteriores, este medio ya había enfrentado maniobras dilatorias, pero en la administración de Murer la situación parece haberse agravado: ni siquiera se recibe una excusa formal, sino directamente silencio.