Narcotráfico y sociedad: "la necesidad de educación y denuncia"

Las luchas del Estado en distintos frentes contra el narcotráfico y el microtráfico ha tomado una nueva dimensión. 

Ya desde el norte del continente americano, la bajada de línea en lo que asoma ser -ahora- una vigorosa campaña internacional, es clara, en el combate contra los narcoterroristas. El proyectil que impactara recientemente una lancha narco que partía de Venezuela neutralizando once mercaderes de la muerte, no hace más que mostrar la decisión de un gobierno republicano decidido a dar pelea total contra las estructuras mafiosas que reinaron durante décadas al amparo de administraciones que supieron fomentar la cultura del narco.

El arraigo de las drogas hizo raíces profundas en todos los tejidos sociales de la región, más aún, en los sectores más vulnerables de las poblaciones sudamericanas; cultivando la coca y montando laboratorios clandestinos en las selvas impenetrables de Venezuela, Colombia y más cerca por aquí, en Bolivia, generando redes de distribución, incluso, con anuencia de funcionarios comprados por el narco, que hasta utilizan mano de obra indígena para las plantaciones y producción de las materias primas; y desde allí, distribuyendo toneladas de cocaína y otras sustancias hacia países compradores de todo el globo; donde, Argentina, no ha quedado exenta, pues por estas latitudes las drogas no solo están de tránsito, sino también de consumo en un universo poblacional cada vez más demandante.

La lucha contra las drogas no solo debe ser enérgica desde el uso de las armas de todas las fuerzas del Estado -de seguridad y militarizadas-, sino también ha de serlo desde las aulas, en las escuelas y colegios, y también universidades, propendiendo al cambio cultural que soslaye la naturalización del uso de los tóxicos, esa “narcocultura” que antaño se ha instalado sistemáticamente -e increíblemente- desde los propios engranajes del Estado, lamentablemente con cierto relativo éxito en la juventud que ha sido destinataria de propagandas masivas del consumo tolerado.

Un adicto es un enfermo, y no se puede construir una sociedad saludable tolerando el uso de drogas; pues la experiencia enseña que han fracasado todas las campañas pretéritas que daban una mirada ambigua al uso de drogas, entre ellas, el “consumo cuidado”, confundiendo principalmente a los adolescentes, siendo los más permeables y fáciles de adoctrinar.

La actualidad local muestra una expansión del problema, pues, lejos de aplacarse, hay más distribuidores de drogas y “soldaditos” en las calles de algunos barrios. Esos chicos que son usados por los narcos, que vigilan esquinas y plazas de noche, a la mañana no van a la escuela, tampoco al colegio, quedando fuera del sistema educativo, inmersos en un ambiente nocivo, muy difícil de salir, que, en el mejor de los casos -sin ayuda- puede terminar en presidio, evitando un final mortal a causa del consumo o una balacera entre bandas.

El Estado dando un doble discurso. Por un lado, en un contexto electoral, suenan actualmente fuertes prédicas contra los narcos; y se ven cada vez más allanamientos y maquinarias pesadas que derriban búnkeres o kioscos de drogas que ilustran tapas de diarios, posando para la foto políticos y funcionarios de turno; porque ahora, atacar a las drogas, “vende” y suma votos. Y por otro lado, la “vista gorda”, eso que nadie quiere mirar, cada vez más, los jóvenes en las calles, portando capucha y visera, vendiendo drogas de noche y también de día, hasta en esquinas de instituciones educativas. Algo anda mal, y lo pagan los más desprotegidos.   

Se debe enseñar desde temprano a los alumnos que los estupefacientes dañan, dejando la impronta de tolerancia cero a este flagelo, donde cada actor social tiene un rol que cumplir en una batalla desigual, donde el Estado -y la sociedad- ha venido perdiendo durante décadas. 

Denunciar a los envenenadores en una misión de todos. Los códigos QR que el Estado despliega con llamativa dinámica en el medio de una agenda electoralista, lucen bonitos y modernos al alcance del celular, son solo una herramienta útil más, que claramente contribuye a lidiar contra el problema, alentando a la denuncia anónima, protegiendo la identidad de quien sabe y decide contarlo. Pero no alcanza, porque los datos que las agencias antinarcóticos necesitan para investigaciones y procedimientos judiciales exitosos, no llegan con el caudal esperado por las autoridades. Y la gente conoce mucho, pues los vecinos todo lo ven, todo lo saben.   

Considero que debe alentarse al ciudadano aún más, para fomentar la denuncia anónima, sirviendo de ejemplo las recompensas económicas que, para otros casos criminales, el Estado no duda en ofrecer. 

Dar importantes sumas de dinero a quien aporte información de calidad que permita llevar a la cárcel a los narcos, es una forma eficaz de alentar la denuncia y facilitar el objetivo de Justicia; siendo que sugieren otras lecturas del por qué aún no se hace.  
 
De lado, análisis sorpresivos a empleados y funcionarios de todos los estamentos del Estado, y no solo en su salubridad, sino también poniendo la lupa en sus patrimonios, de familiares y también allegados; porque los narcos también manejan la cosa pública, ubicados en puestos claves del poder oficial, que facilitan el tráfico, distribución y consumo de estupefacientes.

Abog. Cristian Hugo Pettorosso, mat. 2248, CAPN

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