Caso de la topadora: la Justicia definirá responsabilidades por daños y usurpación

El conflicto por la recuperación de una vivienda en Villa la Angostura vuelve a estar en el centro del debate judicial.

En julio del año pasado, Milena Olivero, junto a familiares y allegados, utilizó una motoniveladora para derribar un portón y postes que, según denunciaron, impedían el acceso a su casa. El hecho generó un fuerte impacto mediático al conocerse las imágenes de la maquinaria pesada ingresando al terreno.

En ese momento, Héctor Pino fue señalado como la persona que tenía el predio bajo su poder y obstaculizaba el ingreso. Sin embargo, 

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La posición de la defensa

En tanto que La defensa del imputado Juan José Pave Aros, a cargo del abogado Cristian Hugo Pettorosso, sostuvo que el derribó del vallado, “fue justificado en uso del derecho de defensa a la propiedad privada, garantizado constitucionalmente, toda vez que haber puesto ese obstáculo en la calle de uso común con la damnificada Milena Oliveros, no tuvo otro objetivo que cortarle el paso a su vivienda, la cual que poseé su familia desde hace muchos años, situación conocida por los vecinos del barrio”.

Además, el defensor dijo que contrariamente a la versión querellante, fue Pino quien turbara la posesión de Olivero, ya que la dueña de la casa, durante unos días, no pudo ingresar a su propiedad por la colocación de ese portón que fue derribado con maquinaria pesada.

También destacó el abogado que es falso el reproche de daños, pues no se rompió absolutamente nada, dado que “como se observa en las imágenes del video aportado por esta parte como evidencia, la máquina solo corrió del lugar la alambrada y portón, quedando las cosas en igual estado de conservación y depositadas en u sector distinto del que fue colocado ilícitamente por Pino”.

Avance judicial

La semana pasada se realizó la audiencia de formulación de cargos, presidida por la jueza Carolina González. Allí se resolvió imputar a J. J. P., el maquinista que operaba la motoniveladora, por los delitos de turbación de la posesión y daños.

La defensa del imputado, a cargo del abogado Cristian Pettorosso, presentó un recurso contra la resolución, argumentando que el trabajador solo cumplió con una contratación laboral y que no podía verificar la legitimidad de la propiedad.

Debate sobre la legalidad

La abogada Lorena Miami, representante de Pino, sostuvo en declaraciones brindadas ayer en FM ANDINA “no es legal recuperar una propiedad mediante el uso de la violencia”. A su criterio, este tipo de acciones generan un grave impacto en el orden público y deben ser juzgadas para evitar precedentes similares en la región.

“Mi cliente cuenta con escritura pública y justo título. El procedimiento realizado con maquinaria pesada fue una acción irregular que no puede justificarse”, dijo la abogada y agregó “Si avalamos este tipo de hechos, también deberíamos justificar otros conflictos territoriales que generan gran conmoción en la zona.”

En tanto que respecto al operario de la máquina, Miani indicó “El trabajador que operó la motoniveladora actuó bajo una contratación cuyo objeto era ilegal. Derribar un portón o un alambrado constituye, de mínima, un daño". En esta misma línea, la letrada apuntó: "El maquinista no tenía cómo comprobar si la propiedad era legítima o no. Fue contratado para un trabajo puntual y cumplió con lo que se le indicó. Es muy difícil que un trabajador, en medio de una contratación ocasional, exija escrituras o documentación. Su intervención no puede equipararse con la responsabilidad de quienes lo contrataron.”

La causa abre un debate más amplio: ¿quién tiene el derecho legítimo sobre el inmueble? Mientras Olivero y sus allegados afirman ser los damnificados de una usurpación, Pino insiste en que ejerce la posesión con justo título y que el procedimiento con maquinaria pesada constituyó un delito.