Condenan a “La Tía”, pero cumplirá la pena en su casa

La justicia federal volvió a exponer las tensiones entre la política criminal contra el narcotráfico y la realidad social en el interior del país. El Tribunal Oral Federal de Neuquén condenó a Verónica Morales, conocida en Villa La Angostura como “La Tía”, a cinco años de prisión por tráfico de estupefacientes, aunque no irá a una cárcel común y cumplirá la pena bajo arresto domiciliario.

El fallo, dictado por el juez Alejandro Cabral, se inscribe en un juicio abreviado acordado entre la fiscalía federal, la imputada —que reconoció su responsabilidad— y la defensa. Morales fue hallada penalmente responsable de tres hechos vinculados a la tenencia de cocaína con fines de comercialización, ocurridos entre diciembre de 2024 y febrero de 2025.

Una condena firme, pero con beneficios

La sentencia unificó esta causa con una condena previa dictada por la justicia provincial por tenencia ilegal de arma de fuego, lo que derivó en una pena única de cinco años de prisión. Sin embargo, el tribunal avaló el pedido del Ministerio Público Fiscal para que la ejecución sea bajo la modalidad domiciliaria.

El argumento central fue de carácter social y humanitario: Morales es madre soltera y tiene a su cargo seis hijos, cuatro de ellos menores de edad. Un informe socioambiental elaborado por el propio Ministerio Público confirmó que la mujer se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad y que su detención en un penal podría afectar de manera directa el interés superior de los niños.

La decisión se ampara en el artículo 10 del Código Penal y en la Ley de Ejecución Penal, que contemplan este beneficio para personas responsables del cuidado de hijos menores.

Una red de venta sostenida en el tiempo

La investigación reveló que la imputada operaba desde distintos domicilios de Villa La Angostura. En diciembre de 2024, Prefectura Naval secuestró más de 100 gramos de cocaína y numerosos teléfonos celulares en una vivienda del barrio El Mallín. En enero de 2025, un nuevo allanamiento permitió incautar más de dos kilos de la droga, y en febrero se detectó otro punto de venta en el barrio Margaritas.

En ese último procedimiento fue detenida otra mujer, Gilda Victoria Vázquez, quien también terminó condenada por tráfico de estupefacientes. Recibió una pena de cuatro años de prisión, igualmente bajo arresto domiciliario, debido a su situación familiar y social. En su caso, la justicia dispuso además el decomiso de un vehículo utilizado para el “delivery” de droga.

El debate de fondo

El caso vuelve a poner sobre la mesa un debate recurrente en la política criminal argentina: la eficacia del sistema penal frente al narcotráfico de escala barrial y el uso de la prisión domiciliaria como respuesta frente a contextos de exclusión social.

Desde la fiscalía sostuvieron que la condena es un mensaje claro contra la comercialización de drogas, aun cuando la modalidad de cumplimiento sea distinta a la prisión tradicional. Sin embargo, sectores críticos advierten que este tipo de resoluciones refuerzan la percepción de impunidad en comunidades afectadas por el narcomenudeo.

Morales, por su parte, aseguró que comenzó a vender estupefacientes como única forma de sostener económicamente a su familia, un argumento que fue tenido en cuenta por la justicia, aunque no la eximió de responsabilidad penal.

El fallo aún debe quedar firme para que comience a ejecutarse la pena. Mientras tanto, el caso de “La Tía” se suma a una serie de decisiones judiciales que reflejan los límites del Estado para abordar el narcotráfico sin atender, al mismo tiempo, las profundas desigualdades sociales que lo alimentan.