“Es necesario declarar la Emergencia en la Seguridad pública de Villa la Angostura”

Señor Director

Muchas son las causas que se van acumulando en el sistema de justicia penal local, relacionadas a robos, daños y otros delitos contra la propiedad privada -también contra las personas, como abusos sexuales-, que tienen origen en otro delito -ya anterior y más grave- que es la distribución de drogas en un contexto social de ausencia de apegos al orden prescripto por ley 23.737, atrapado por el incesante y creciente consumo de estupefacientes entre los jóvenes de nuestra localidad; facilitado por la narcocultura y los programas oficiales que -si bien en apariencias con prédicas distintas- han logrado afianzar la insana costumbre del consumo de tóxicos en el conjunto juvenil, sobretodo en la población de adolescentes de nuestra localidad.

Prueba de ello, es el fracasado plan instalado desde hace varios años, por demás sugerente “Con Sumo Cuidado” -vg., indisimulado mensaje de invitación a consumir con cautela-; las fiestas de drogas ilícitas denominadas “UPD (último primer día)” donde la mayoría de los alumnos de colegios secundarios a punto de recibirse consumen drogas y alcohol en orgías tóxicas, donde abunda cocaína, marihuana, ácido lisérgico, metanfetaminas, hongos alucinógenos, pasta base, y en ocasiones mezcladas algunas sustancias en la llamada “jarra loca”, que obra como recipiente de contenido potencialmente mortal.

Son los propios estudiantes victimizados quienes, invertidas las escalas de valores, suben las imágenes de ese evento desgraciado a redes sociales, esbozando lo que inicialmente parece un festejo, donde se lucen escenas tan indecibles como agraviantes a la dignidad de los adolescentes. Lejos de lo que aparenta ser un evento festivo, la publicidad de esas fiestas de las drogas, es en realidad un desesperado llamado de atención que intentan los jóvenes para pedir ayuda; y las autoridades públicas, lejos de asistirlos, haciendo gala de una alarmante inutilidad, avalaran la barbarie con mesitas de refrigerio en las puertas de los colegios.  

Se aprecia con poco esfuerzo la cantidad mayoritaria -cada vez más- de chicos que han naturalizado envenenarse con la ingesta de estupefacientes; olvidados por un Estado que no solo omite cumplir con su deber de prevenir, y que tampoco reprime eficientemente el tráfico de estupefacientes; sino que también, indirectamente, lo fomenta al desempoderar a las fuerzas de seguridad, empobreciendo a la Policía y demás instituciones de ley -cítese a la Defensoría de Niños y Adolescentes a trabajar- con falta de recursos suficientes para poder hacer frente de manera efectiva a una batalla desigual que hace rato la provincia neuquina viene perdiendo por goleada, dejando a la población indefensa, depreciando su salubridad y calidad de vida.

Robos a mano armada y taxistas asaltados de día y de noche es el desenlace anunciado par de años atrás, cuando dijera a los cuatro vientos que esto iba a ocurrir. Pocos lo creían, y otros tildaron exageración. Ahora hasta circulan armas de fuego a la venta en un mercado virtual ilegal, donde también se ofrecen todo tipo de venenos a la carta -incluso paco- con precios que se actualizan y promocionan regularmente; todo a consecuencia de la falta de los debidos oficios públicos.

Parte de aquel armamento ofrecido termina en manos de menores -como supimos hace pocos días atrás-, con peligro de ingreso a un establecimiento educativo; y, ya lo sabemos, los maestros no pueden revisar las mochilas, porque hasta ese extremo de insensatez hemos llegado, prohibiendo prontos oficios de seguridad a los educadores en beneficio de sus educandos. 

La inseguridad crece al compás de las drogas que circundan las escuelas y colegios de nuestra localidad, que hasta se venden por redes sociales al alcance de cualquiera, y se reparten con servicio de delibery a domicilio pasando en moto delante de la Comisaría, cual si fueran pizzas o empanadas; y los administradores de turno parecen -más bien lo son- inoperantes ante la principal preocupación actual del ciudadano angosturense, que es la seguridad del pueblo que ha dejado de ser lo que era; haciendo réplicas indeseadas de ciudades donde el narco ha llegado para quedarse.

Los errores del Estado terminan impactando en la salubridad pública, especialmente en el sector más vulnerable; y por ello, teniendo como norte frenar lo que sucede a la vista de todos, creo que a esta altura de los acontecimientos debe declararse sin más la “emergencia de seguridad pública en Villa La Angostura”.

La sociedad tiene derecho a defenderse, y el Estado debe asegurar y tutelar a la Seguridad como un derecho humano; que ciertamente lo es, aunque suene incompatible en estos tiempos donde las reglas van por la vereda izquierda. 

Así las cosas, y declarada que sea la emergencia aquí pedida, la defensa social tendría que basarse en los siguientes postulados tendientes a revertir la acuciante situación:

1. a) El principio de legitimidad, por el cual el Estado, como expresión de la sociedad, se halla legitimado para reprimir la criminalidad, de la cual son responsables determinados individuos; lo que se lleva a cabo mediante las instancias oficiales del control social, tales como la legislación, la policía, las autoridades judiciales y las instituciones penitenciarias.
2. b) El principio por el cual se entiende al delito como un daño para la sociedad y a la delincuencia como un elemento negativo y disfuncional del sistema social; que hace las veces de metástasis en el tejido social y que debe ser extirpado.
3. c) El principio de culpabilidad, que concibe al delito como expresión de una actitud interior reprobable, por ser contraria a los valores morales y normas presentes en la sociedad aún antes de ser sancionadas por el legislador.
4. d) El principio del fin o de la prevención, ya que la pena no tiene únicamente un fin retributivo, sino preventivo, al crear una contra-motivación al comportamiento criminal y resocializar al delincuente.
5. e) El principio de igualdad por el cual la ley penal es igual para todos, por lo que la reacción penal se aplica de igual modo a los autores de delitos, incluidos funcionarios infieles y quienes se dedican materialmente al narcomenudeo.

Existe elevado interés social en lo que está sucediendo. Las normas están y deben ser aplicadas. 

Tengan a bien los responsables declarar emergencia de seguridad pública; antes que sea tarde y la continuidad de yerros deriven en más muertes relacionadas a drogas y más familias destruidas; porque las evidencias están, y los jóvenes y la paz social están en peligro.-

Abog. Cristian Hugo Pettorosso

Matrículas 2248, C.A.P.N.; T°XLVIII, F°208, C.A.L.P.; Tº97, Fº387, C.P.A.C.F.; Tº600, Fº816, C.F.A.L.P.

Villa La Angostura; 08 de octubre de 2023