Vecinos denuncian a Murer por incumplimiento de deberes: acusan permisividad frente al conflicto territorial mapuche

En un documento presentado ante el Ministerio Publico Fiscal, "Comunidad Angostura" formalizó una denuncia contra el intendente Javier Murer por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Esto se debe a su actuación ante el reclamo territorial mapuche. Los vecinos sostienen que el jefe comunal ha sido omiso en aplicar la Carta Orgánica y otras normativas, permitiendo, según acusan, acciones ilegales del grupo Paicil Antriao que afectan a la comunidad en su conjunto.

Según el Código Penal Argentino, el incumplimiento de los deberes de funcionario público implica "una omisión que consiste en la inobservancia de la ley: no hacer, no ejecutar, no cumplir lo que la ley manda expresamente hacer al funcionario dentro de su autoridad funcional”. Este delito, estipulado en el artículo 248 del Código, establece que “será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o [...] no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".

La denuncia se basa en hechos que, según los vecinos, reflejan incumplimiento de los deberes específicos del intendente. Los puntos centrales de la denuncia incluyen:

Usurpación de espacios públicos y privados

Los denunciantes señalan que miembros del grupo Paicil Antriao han incurrido en “usurpación de propiedad pública y privada” y que mantienen ocupados el camping Correntoso y el área de Puerto Elma, donde se desarrollan actividades económicas sin autorización. “El intendente incumple con su deber de resguardar los bienes de dominio público y privado municipal”, reclaman los vecinos, apoyándose en el artículo 120, punto 17 de la Carta Orgánica.

Interrupción de obras y suministro irregular de servicios

Otro punto que fundamenta la denuncia es la paralización de la obra de la ruta de circunvalación. Los vecinos denuncian que un grupo minoritario impide la finalización de esta obra de “bien común para toda la ciudad”, lo cual sería, según el artículo 120, punto 1 de la Carta Orgánica, responsabilidad del intendente en su rol de “fomentar y dirigir políticas orientadas al bien común”.

La denuncia también subraya que los ocupantes ilegales habrían obtenido suministro de electricidad “sin poseer título de propiedad ni escritura, lo que habilitaría la instalación de un medidor”. Este servicio, proporcionado por el EPEN, “está siendo robado”, denuncian los vecinos, remarcando que esta situación representa una violación del artículo 120, punto 31, que establece la obligación de organizar y prestar servicios públicos en conformidad con la normativa.

Actividades comerciales irregulares y símbolos no permitidos

En su denuncia, la comunidad destaca que durante la temporada 23/24 “los comercios inhabilitados en el camping Correntoso llevaron adelante su actividad sin problemas” y sin control de organismos estatales, lo cual, según afirman, contradice el artículo 22, punto 24 de la Carta Orgánica, que obliga al municipio a ejercer control en materia de seguridad, higiene y salubridad.

Finalmente, se le acusa a Murer de incumplir sus deberes al permitir en actos oficiales la presencia de símbolos no contemplados en el Decreto PEN N°10302 de 1944 y la Ley 23208 de 1985, así como en el artículo 2 del Título I de la Carta Orgánica de Villa la Angostura. Este último artículo indica que “el municipio adopta como únicas banderas la de la Nación Argentina y la de la Provincia del Neuquén”.

Los vecinos reclaman, en resumen, que el accionar del intendente Murer en estos temas “ha socavado los derechos de los ciudadanos y vulnerado la confianza en las instituciones locales”. Se espera que la justicia evalúe si estas acusaciones ameritan una investigación formal que determine si hubo un verdadero incumplimiento de los deberes de funcionario público.