Confirman al juez Astoul Bonorino en la causa del desalojo de los lof Kintriqueo y Melo

La Cámara de Apelaciones con asiento en San Martín de los Andes resolvió rechazar el pedido de recusación contra el juez Francisco Astoul Bonorino, quien deberá seguir interviniendo en una acción judicial por tierras en disputa con la comunidad mapuche Quintriqueo.

Pese a que el magistrado ya había ordenado un desalojo anterior en el mismo territorio, los jueces camaristas Manuel Castañón López y Pablo Furlotti consideraron que no existen fundamentos legales para apartarlo.

“No hay garantías de imparcialidad cuando el mismo juez vuelve a intervenir en un caso que ya resolvió parcialmente en nuestra contra”, sostuvo un vocero de la comunidad Quintriqueo.

 Un juez confirmado en medio de un conflicto latente

La causa en cuestión, caratulada “Comunidad Mapuche Lof Kintrikeu c/ Broers María Cristina s/ acción reivindicatoria”, busca dirimir si el terreno pertenece a la mujer que reclama su restitución o si se trata de una ocupación tradicional mapuche.

El juez Astoul Bonorino ya había intervenido en una causa previa relacionada, cuando hizo cumplir una sentencia firme del año 2012 —dictada por el juez Andrés Luchino— que ordenaba el desalojo de la familia Quintriqueo. Esa participación fue el motivo central de la recusación: la defensa consideró que el magistrado ya no podía actuar con objetividad.

“El juez ejecutó un desalojo en 2022 y ahora quiere juzgar el fondo del mismo conflicto. Es una contradicción absoluta”, afirmaron desde la comunidad.

Aun así, la Cámara entendió que su participación anterior fue meramente ejecutiva y no implica prejuzgamiento.

 Fallo de la Cámara: "emitir sentencias no es prejuzgar"

En su resolución, los jueces aseguraron que haber dictado resoluciones en otro expediente vinculado no representa prejuzgamiento, y citaron jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación. Según argumentaron, “emitir fallos no significa adelantar opinión, sino ejercer la función jurisdiccional”.

También descartaron que la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sea una causal válida para recusación. Según el fallo, una queja internacional no constituye un reproche directo al juez ni compromete su imparcialidad.

“No se observa que el juez haya adelantado opinión sobre la pretensión entablada en esta nueva causa”, afirmaron los camaristas. “Solo intervino en una etapa de ejecución de sentencia”, reiteraron.

 Territorio en disputa y leyes ignoradas

Desde la comunidad mapuche Quintriqueo sostienen que el proceso judicial viola normas nacionales e internacionales de protección a pueblos originarios. En particular, aluden al derogado artículo 2 de la Ley Nacional 26.160, que suspendía desalojos hasta la realización de relevamientos territoriales, y al Convenio 169 de la OIT, que exige consulta previa, libre e informada ante decisiones estatales que afecten a pueblos indígenas.

“Este juicio ignora todas las garantías reconocidas por el derecho internacional. Se avanza como si no existiéramos legalmente”, advirtieron referentes comunitarios.

 Orden vigente, desalojo frenado

Aunque la orden judicial de desalojo continúa vigente, aún no fue ejecutada. Según fuentes judiciales y políticas, una intervención del ministro de Gobierno de Neuquén, Jorge Tobares, desactivó por el momento cualquier operativo policial, en un intento por evitar un nuevo foco de conflicto social.

La disputa, que tiene como protagonista también a la pobladora María Cristina Broers, involucra un terreno ubicado al pie del cerro Belvedere, área históricamente señalada como territorio de ocupación ancestral por la comunidad Quintriqueo.