Gobierno impulsa plan para regularizar las viviendas sociales: plantea actualizar cuotas y desadjudicación por falta de pago

La Legislatura de Neuquén emitió despacho desde las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto para el proyecto de ley presentado por el gobernador Rolando Figueroa.

Según argumenta el gobierno, esta iniciativa busca mejorar la cobrabilidad y actualizar los valores de las cuotas de los planes de viviendas a través del "Programa de Sostenibilidad Habitacional". El proyecto será tratado este miércoles en el recinto para su eventual sanción.

El Programa de Sostenibilidad Habitacional tiene como objetivo, según su artículo segundo, “establecer criterios claros y uniformes para la valoración y financiación de viviendas provistas por el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS)”.

También contempla la creación de una Oficina Virtual destinada a que los beneficiarios gestionen de forma ágil y transparente los trámites de regularización y financiación de las viviendas.

Además, la normativa introduce un plan de regularización dominial dirigido a quienes ocupan viviendas sin autorización del IPVU. Para acceder a este plan, los ocupantes deben haber residido en la vivienda de manera pública, pacífica y continua por un período mínimo de cinco años, y demostrar que es su única vivienda, destinada a uso familiar y permanente. Entre otros requisitos, no haber sido beneficiario de otro plan o crédito del IPVU, ni poseer otros inmuebles, y aceptar las condiciones de financiación establecidas por la autoridad de aplicación.

Desadjudicación y morosidad

La normativa también especifica que aquellos beneficiarios de viviendas del IPVU que no residan en ellas serán desadjudicados y no podrán acceder a nuevos programas de vivienda o crédito.

 Además, se contempla la rescisión contractual y la caducidad de la adjudicación en caso de que se acumulen tres cuotas impagas consecutivas o cinco alternadas.

En situaciones de vulnerabilidad social, el programa prevé planes de pago especiales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones.

El gobierno provincial fundamentó la necesidad de esta ley tras realizar un estudio que reveló altos índices de morosidad, cercana al 70 %, en los planes de viviendas y créditos otorgados por el IPVU y ADUS. De un total aproximado de 58.000 viviendas, solo el 17 % han sido completamente canceladas, mientras que los planes vencidos presentan cuotas con valores históricos, que oscilan entre los 150 y 3.000 pesos.

Este plan busca resolver la dispersión normativa acumulada a lo largo de los años, estableciendo parámetros claros y uniformes de valuación, financiación y regularización, ajustados a la realidad actual del sector habitacional en la provincia.